Los mariscadores del puerto de Maó acusan a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de interpretar de forma arbitraria la Ley de Costas con el propósito de arrebatarles la concesión de los viveros que explotan desde hace años para el cultivo de almejas y escupiñas.
Algunos titulares cuentan en su poder con la autorización tramitada en los años 70 para explotar los cultivos "a perpetuidad". Sin embargo, ahora estos documentos son papel mojado para APB.
Los mariscadores denuncian la indefensión y la inseguridad jurídica en la que se encuentran ante la "prepotente forma de proceder" del ente portuario que no ha contestado a ninguna de las solicitudes y recursos presentados en defensa de sus explotaciones. A esto se añade las "tasas abusivas" propuestas por APB para los concesionarios en comparación con las que se aplican en otros puertos del litoral español.
La familia Cabrera es una de las afectadas. El cabeza de familia, Manuel Cabrera Torres, no da crédito a lo que está sucediendo. Jubilado tras 44 años de trabajo, son ahora sus hijos Manolo y Damián quienes marisquean en el vivero familiar situado en la zona de Escull de Sant Antoni. Sus curtidas y ásperas manos se aferran con firmeza a la escritura de su vivero y defiende con pasión aquello que tanto le costó levantar y que pretende legar a sus hijos.
"El Estado me consideraba su dueño a perpetuidad en 1979. Aquí lo dice bien claro y en el caso de que por interés general me lo arrebataran tendría derecho a una indemnización. Ahora Autoridad Portuaria me lo quita sin más", asevera indignado.
Engañado y dolido
Denuncia dolido haber sido engañado por los responsables de la oficina de APB en Maó el pasado mes de noviembre. Relata cómo durante una reunión, le hablaron de la Ley de Costas y de la necesidad de firmar unos documentos sobre la concesión.
El mariscador cuenta que entonces expresó su disconformidad con la ley, pero sabedor de que la reforma de 1997 contemplaba que los dueños de una concesión en dominio público pueden disfrutar de sus propiedades 30 años más contados a partir de esa fecha (hasta 2027) pidió que el documento a firmar reflejara este hecho.
"Me ofrecieron una autorización de la explotación por tres años y les dije que aceptaría si reflejaban mi solicitud de otros 17 años más hasta completar los 30 años que establece la ley de Costas y además también que me reservaba el derecho en un futuro de recurrir la ley. Me dijeron que así lo harían".
El mariscador explica que firmó los documentos sin leerlos, pero cuando finalmente lo hizo ninguna de sus peticiones quedó reflejada, e incluso asegura que entre los papeles le dieron a firmar "sin saberlo" la aceptación de las nuevas tarifas por la explotación de los viveros con pagos a contar desde 2006.
"La culpa fue mía por fiarme de ellos. Me trataron de una forma tan amable que nunca hubiera pensado que la Administración me iba a engañar", comenta contrariado. Cuando quiso reclamar, ya era tarde. "Me dijeron de forma descarada que si no estaba conforme que presentara un recurso y que lo que no pagara me lo iba a gastar en abogados", añadió enojado.
El mariscador no tuvo más remedio que contratar un abogado y presentó un recurso de reposición ante APB que aún no ha sido contestado. Explica que la concesión del vivero está a nombre de dos personas; el de su mujer y el suyo, pero ella no firmó ninguno de los documentos en cuestión, por lo que según su abogado, la nueva autorización firmada por tres años no es válida.
"Tasas abusivas"
El otro problema que le quita el sueño son los pagos que le reclama el ente gestor y que asciende a un total de 12.000 euros por la explotación de cuatro viveros. El mariscador ha depositado dicha cantidad en una entidad bancaria ante notario a la espera de que APB conteste su recurso. También ha presentado otro ante la Agencia Tributaria ya que el ente gestor ha embargado sus cuentas.
"No puedo aceptar una deuda que pertenece a dos concesionarios. Además, la autorización me la dan con fecha de 2009 y no tengo por qué pagar nada desde 2006. Me he informado y en Galicia no se paga casi nada y lo mismo en Barcelona", explica reiterando que el vivero también está a nombre de su mujer y ella no firmó ningún documento.
"Es una falta de respeto que no contesten mi recurso. Se piensan que todo lo que está en primera línea de mar es suyo y tengo mis derechos, iré hasta el final incluso a la Justicia si hace falta y pediré apoyo al Consell", espeta dolido.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.