En los medios de comunicación hablan y opinan muchas personas, pero solo a algunas se las escucha y a muy pocas se las tiene realmente en cuenta. Una de ellas es el menorquín Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Catalunya y, entre otros muchos cargos, consejero independiente del Consejo de Gobierno del Banco de España. De un tiempo a esta parte, a López Casasnovas se le ha preguntado mucho sobre el Estado de las Autonomías, formato de país que se está poniendo en cuestión a raíz de las estrecheces de las arcas públicas. Es claro y contundente. El café para todos no ha funcionado, se ha distorsionado el espíritu de la Constitución y el traspaso de competencias se ha aprovechado para engordar la maquinaria administrativa y, con ello, los gastos superfluos. Propone como remedio eficiencia y racionalización de los servicios públicos. Que no es poco.Ha dicho recientemente en TV3 que el Estado de las Autonomías actual es insostenible.
¿Es por la crisis o lo hubiera sido igual sin la crisis más pronto o más tarde?
La crisis agrava la sinrazón del café para todos y el haber obviado el espíritu de la Constitución que distinguía nacionalidades y regiones, comunidades autónomas del artículo 151 y del 143... Y todo por el intento de diluir las realidades nacionales del Estado Español. Ahora pagamos las consecuencias. El despilfarro no se notaba tanto en épocas de vacas gordas. Sorprende en todo caso que quienes se lamenten sean los mismos que crearon el entuerto... Aznar, Solbes, Luís María Anson, José Bono... Llegan a ello por el coste y no por el engendro institucional creado. Pero llegan. Bienvenidos sean.
¿Cuál es su propuesta?
La de ellos no es sin embargo la mía. La reacción es ahora de retranqueo indiscriminado. Nuevo error que agravará el conflicto donde sea que el sentimiento nacional sea más fuerte, poniendo ellos así de nuevo en peligro la cohesión del Estado. Mi propuesta pasa por reconocer que el poder autonómico lo da, básicamente, la capacidad de decisión, que se expresa en la posibilidad de orientar la producción de los servicios de la Administración General del Estado de modo sensible a los intereses legítimamente representados por las autonomías. No confundir 'general' con 'central' ni 'estatal' ya que Estado lo son también las comunidades autónomas, y estas instituciones han de poder ser localizables en distintas partes del territorio. Ello implica poder 'comprar' los servicios para asegurar el acceso de los ciudadanos; no directamente producirlos por sí mismos, con una estructura burocrática de coste elevado, una escasa escala de producción y capacidad de gestión, incapaz por lo demás de evitar la obsolescencia de un servicio que acabará no cumpliendo las expectativas ciudadanas.
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