El equipo de gobierno de Ciutadella no descarta remitir la contratación de las obras de Can Saura a la Fiscalía Anticorrupción de Balears después de que haya trascendido un presunto trato de favor político para que Obres Vinent Juanico ejecutara los trabajos en el mandato del PP-PMQ.
La concejala de Cultura, Maite Salord, afirma que "es un tema grave y nos preocupa". Ha sido la propia UTE adjudicataria quien ha destapado las presuntas irregularidades. Y lo ha hecho en las alegaciones presentadas después de que el Ayuntamiento ordenara la rescisión del contrato por incumplimiento de los plazos de ejecución.
El portavoz de la UTE adjudicataria aseguró ayer que "Ildefonso Vinent nos dijo de palabra que si nos presentábamos a esta obra, la conseguiríamos con tal de contratar a su empresa. Y así fue". No obstante, el representante de la UTE entre Torrent Coll, Edificaciones Ramos y Contratas Bartolomé Ramon afirmó a este diario desconocer qué responsable político o políticos estaban detrás de la trama para presuntamente favorecer a Obres Vinent Juanico.
El párrafo de la alegación que ha destapado el posible trato de favor dice literalmente "Es curioso que lo que inicialmente nos dijeron que era una condición de los responsables políticos del Ayuntamiento para otorgarnos la contrata -que la obra la ejecutara Obres Vinent Juanico- ahora se quiera utilizar como excusa para resolverlo".
La UTE registró el pasado 18 de enero el escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento, en el que denuncia la condición impuesta en el pasado mandato para que las obras fueran ejecutadas por Obres Vinent Juanico. "Cuando recibimos las alegaciones de la UTE consideramos grave este párrafo", señala la edil de Cultura.
Tras consultar a los servicios jurídicos municipales, el pasado día 27, el Ayuntamiento abrió un expediente para clarificar las dudas. Se hizo mediante resolución de Alcaldía "para tener todos los elementos de juicio necesarios y tomar una decisión en consecuencia", apunta la edil.
A través de la resolución, que tuvo salida el pasado día 28, el equipo de gobierno ha dado diez días a la UTE para que explique y aclare cómo y quién impuso la exigencia de contratar a Obres Vinent Juanico. La UTE recibió el requerimiento municipal de información el pasado día 1 y esta misma semana tiene previsto responder al Consistorio.
"Hemos actuado con diligencia, transparencia y prudencia. En función de la respuesta de la UTE y sus aclaraciones actuaremos. No descartamos acudir a la Fiscalía Anticorrupción", señala.
Precisamente, UPCM presentará en el pleno de este jueves una moción en la que insta al acuerdo para remitir el caso directamente al fiscal. "Me parece muy correcto el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento, pero cuando el Consistorio dispone de un documento con registro de entrada que desvela presuntas irregularidades hay que ponerlo en manos de la Fiscalía sin dilaciones, porque tiene los medios necesarios para investigar", dice Joan Triay.
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