ES CASTELL. El colectivo liderado por Gonçal Seguí cree que el Ayuntamiento ha tomado el camino erróneo - Archivo

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Las dudas sobre la eficacia del sistema, el impacto que supondrá la macroinfraestructura y el incremento inevitable de las facturas del agua son algunos de los motivos que esgrime la Asociación de Vecinos de Es Castell para pedir al Ayuntamiento que anule el convenio con el Govern sobre la planta potabilizadora y que paralice el expediente administrativo. 21 han sido las alegaciones que ha presentado la asociación rechazando rotundamente un proyecto que "condena a endeudar a todos los ciudadanos durante 15 años".

La asociación cree desmesurado hablar de una depuración de 800 toneladas de agua por día "cuando el municipio tan sólo necesita 22 para beber y cocinar", cálculo que parte de un uso aproximado de tres litros por persona y día.

A su vez, el colectivo considera que la planta potabilizadora resolvería parcialmente el problema de la alta concentración de nitratos, "no sería el camino para luchar contra el problema de la salinidad por la intrusión marina", espeta. Por otra parte el grupo vecinal considera que el Ayuntamiento carece de suficientes garantías sobre la eficacia y eficiencia del sistema "cuando solo existe una planta con estas características en toda España". Además la asociación asevera que el ciudadano desconoce las consecuencias que puede suponer para la salud el uso de reactivos químicos y pesticidas.

Indica además que los ciudadanos no conocen con detalle el coste de mantenimiento de la planta ni cómo estos importes económicos repercutirán de forma directa al recibo del agua. A ello, el colectivo añade que según los técnicos de SOREA el coste podría llegar a duplicarse. "El recibo medio es de unos 30 euros y tras la puesta en marcha de la planta potabilizadora rozaría los 69 euros", informa.

Los vecinos opinan que ésta no debería ser la inversión prioritaria municipal "cuando la red de alcantarillado necesita de mejoras urgentes e importantes".

A todo ello plantean una necesaria revisión del sistema de facturación a partir de criterios sociales en función del número de personas empadronadas en cada vivienda así como un sistema escalonado en el precio del agua que vaya en función del consumo.

La asociación opina que la solución para reducir las altas concentraciones de nitratos en el agua no es el que pretende impulsar el Ayuntamiento sino que "debe pasar por el ahorro y la lucha contra las causas que provocan el exceso de concentración de nitratos", incide.