El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma ha declarado nulo de pleno derecho el convenio urbanístico que el anterior alcalde de Maó y actual senador por Menorca, Arturo Bagur, firmó en 2006 con Vertix Procam, la promotora de los terrenos que ocupaba la empresa Catisa. El convenio fue ratificado en el último pleno municipal antes de las elecciones de 2007 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE-PSM) y en contra del PP, quien recurrió ante los tribunales dicho acuerdo y ayer dio a conocer esta sentencia.
El portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Manuel Lafuente, ha afirmado que su grupo ya había advertido de que la operación de Bagur era "un pelotazo urbanístico" y un "fraude de ley". La sentencia concluye que el convenio era "muy beneficioso para la sociedad promotora" que vio incrementada su edificabilidad y altura, "no es una actuación conforme al interés general", "la motivación brilla por su ausencia", "supone un claro beneficio patrimonial para la promotora" y "está huérfano de un estudio técnico". Además "no se justifica cuál es el interés público ya que no puede concluirse ninguna mejora para el equipamiento público mientras que para la propiedad privada todo son beneficios".
La sentencia señala igualmente que el PGOU preveía en esta zona un máximo de 21 viviendas, mientras que con el convenio se elevaban a 96. Al respecto, Juan Manuel Lafuente ha explicado que según un perito judicial, gracias al acuerdo, la promotora elevaba el techo de edificabilidad en 1.846 metros cuadrados más, que sumaba a los 20.000 que ya tenía. El portavoz popular señala que en el mercado inmobiliario la promotora habría facturado 5,3 millones de euros con un beneficio neto de 1,4 millones. La fuente sentencia que "esto es un chanchullo grande".
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