Parón. La construcción de viviendas en Menorca ha caído un 90 por ciento en cuatro años - Gemma Andreu

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Las restricciones en el crédito bancario y la deuda que mantienen las administraciones públicas con las empresas se unen a la crisis económica para mantener al sector de la construcción insular bajo mínimos, con una caída de facturación del 7 por ciento en 2010 respecto a 2009 y del 38 por ciento en relación a 2008, el ejercicio en el que comenzó la recesión.

La actividad constructora generó 71 millones de euros el año pasado, frente a los 77,3 de 2009 y los 115,9 millones contabilizados en 2008. La estadística de los últimos cinco años ofrece una clara fotografía de la caída de vértigo que ha experimentado el sector: un 90 por ciento menos de viviendas edificadas y un 72,23 por ciento menos de ingresos generados entre 2006 y 2010.

"Menorca es la isla que más ha padecido esta disminución de actividad en el cómputo global, un 5 por ciento más que el conjunto balear", aseguró ayer el presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Sebastià Pastor, tras una reunión mantenida en Maó con empresarios menorquines para analizar el difícil momento que atraviesan las empresas.

Facturas pendientes
La banca "no quiere saber nada ni de los ayuntamientos ni de la construcción, y ya no digamos nada si va un promotor", señaló el director de la asociación, Manuel Gómez, y las corporaciones locales suman una deuda que en Menorca supera los 20 millones de euros y en Balears se situaría entre los 180 y los 200 millones.

Los constructores criticaron ayer que desde las administraciones se realicen "pagos políticos" a empresas privadas –en alusión a la ayuda de un millón de euros concedida a Quesería Menorquina-, y mientras tanto no se paguen las facturas de obras, incluidas algunas de las financiadas a través del Plan E del Gobierno central. "Parece ser que algunos ayuntamientos no están pagando a los 30 días que marca la ley", denunció el director de la Asociación de Constructores.

El presidente de la patronal, Sebastià Pastor, insistió en que el dinero público que se debe a las constructoras -el plazo medio de pago supera los 80 días-, ha hecho que muchas empresas no puedan pagar a su vez a los proveedores y que éstos insten la declaración de concurso. "Eso lleva a la destrucción de empleo", subrayó Pastor, quien añadió que "nos duele que se inyecte dinero a otras empresas, nosotros no pedimos eso, sólo que nos paguen lo que deben".

La crisis ha hecho que, en los últimos dos años desaparezcan diecinueve empresas de la construcción en Menorca, mientras que en Balears han quebrado más de un centenar. Las perspectivas para 2011 siguen siendo negativas, aunque desde la asociación se considera este año "especial" debido a las elecciones autonómicas y locales; aún así, "la previsión para el sector a dos o tres meses vista es muy mala", aseguró Manuel Gómez, quien recordó que la destrucción de empleo en la construcción es muy elevada, por cada puesto de trabajo directo se pierden 2,3 indirectos.