PROYECTO. Dos motoristas contemplan el edificio en obras, poblado de gaviotas, cuyas dudas puso sobre la mesa este periódico - LLAC

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Ciutadella se asoma a la cuarta comisión de investigación en este mandato tras la de Nerer, CITUR y Son Quim. Este periódico ha podido saber que durante el día de hoy, el Partido Popular de Ciutadella solicitará formalmente la creación de una comisión que analice la tramitación seguida por parte del equipo de gobierno en la construcción del edificio comercial y de viviendas de la calle Sevilla.

Desde el PP quieren aclarar cuál ha sido el papel del área de Urbanismo, encabezada por la propia alcaldesa Pilar Carbonero, en la tramitación de un proyecto cuyo arquitecto es el marido de la gerente de Urbanismo, Sandra Díaz.

La actuación de Carbonero y Díaz también ha sido criticada duramente por UPCM, partido que se sumó a la petición del PP para que Díaz dimitiera de su cargo. Desde el partido de Joan Triay aseguran que "no hemos pedido una comisión de investigación no por falta de motivos, sino porque a estas alturas del mandato no daría tiempo ni para constituirse". En este sentido, las fuentes del PP consultadas por este periódico avanzan que si la comisión no puede formalizarse durante este mandato, insistirán en su necesidad desde la oposición o desde el gobierno tras las elecciones de mayo.

Ayer, UPCM respondió a un escrito que le remetió la alcaldesa (también lo envió al PP) asegurando que los dos partidos podrían haber vulnerado la Ley de Protección de Datos Personales al difundir algunas informaciones sobre este proyecto. En este sentido, el partido de Joan Triay contesta que no se ha vulnerado ninguna legislación, y entiende el gesto de Carbonero como "una tentativa de obstaculizar la función de control que la oposición debe ejercer sobre el equipo de gobierno, y especialmente sobre el área de Urbanismo".

UPCM tiene planteada una batería de preguntas a la alcaldesa para el próximo pleno sobre este proyecto, y en este sentido Joan Triay asegura que "la duda que tenemos sobre este anómalo escrito de la señora Carbonero es si responde a la intención de ampararse en la Ley de Protección de Datos Personales para evitar responder en el próximo pleno a las preguntas sobre la calle Sevilla, o si se trata de un intento de amedrentar y obstaculizar la función de control que corresponde realizar a la oposición".

Tanto el PP como UPCM acusan a Pilar Carbonero de mentir en la pasada sesión plenaria del 10 de marzo en la que se debatió este tema. Así, los conservadores solicitaron a la alcaldesa si había abierto expediente disciplinario al proyecto, a lo que la alcaldesa contestó que sí. UPCM y PP aseguran que eso es falso, puesto que afirman que el expediente no se inició hasta la junta de gobierno de 30 de marzo, esta pasada semana.

UPCM también acusa a la alcaldesa de mentir cuando negó haber participado en más de una reunión para abordar el proyecto de la calle Sevilla con la presencia de Sandra Díaz. Joan Triay mantiene que fueron dos los encuentros de estas características, y por ello va a preguntar a Carbonero por esta cuestión en el próximo pleno, así como también interpelará a los otros concejales del equipo de gobierno presuntamente presentes en estas reuniones, es decir, Sente Fontestad, Beatriz Lapiedra y Guillem Bosch. Además, Triay recuerda que en el pleno, Carbonero calificó en tres ocasiones la licencia otorgado al proyecto de la calle Sevilla como "viciada".

En esta línea, el concejal de UPCM pedirá a la alcaldesa si se permitió el inicio de unas obras en base a una licencia que la propia Carbonero califica como "viciada".

Una comisión en una semana de declaraciones sobre CITUR

La propuesta de crear una nueva comisión de investigación llega la semana después de que estallara el caso CITUR, surgido precisamente de otra comisión de investigación que acabó enviando sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente el caso CITUR, o la operación Xoriguer como la ha denominado la Fiscalía Anticorrupción, proseguirá esta semana. Así, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella, que lleva el caso, ha suspendido todos los juicios ordinarios previstos para hoy y mañana, en previsión de que puedan declarar los cinco funcionarios imputados, Antònia Salord y quizás algún testimonio más. De momento, ninguno de los imputados tiene una citación oficial para los próximos dos días.