Foro. Luis Barca, Javier Hernández, Carlos Salgado y José Ignacio Seguí Chinchilla durante el debate - Paco Sturla

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La politización descarada de sus órganos gestión, la falta de una dirección profesional, los altos precios de los amarres, la dejación del Ayuntamiento de Maó, unido al monopolio y a las "corruptelas" de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) están llevando al puerto de Maó a un callejón sin salida y sin capacidad competitiva. Éstas son algunas de las conclusiones del debate organizado ayer por Ciudadanos de Menorca (C.Me) sobre la rada mahonesa y que contó con la asistencia de relevantes nombres relacionados con el entorno portuario como el responsable de la naviera Iscomar en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, el fundador de la marina Ribera del Puerto, Javier Hernández, y el ex presidente del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca.

En el debate se abordó la "errónea y peligrosa" ubicación" de la descarga de combustible junto a la estación naval y los buques de pasaje; la pérdida de la capitanía marítima; el progresivo descenso de la llegada de cruceros y la escandalosa primacía del componente económico en los concursos para la concesión de amarres. Seguí Chinchilla abundó en los perjuicios que la nueva ley de puertos 33/2010 -aprobada con los votos de PSOE y PP- ocasiona a los puertos menores; la merma de ingresos para la mejora de infraestructuras y el incremento de las tasas interislas que esta normativa acarrea. El delegado de Iscomar advirtió que el afán recaudatorio de APB incrementará próximamente el precio del metro cuadrado en el puerto mahonés.

Por su parte, Javier Hernández criticó las arbitrariedades e irregularidades de APB y la falta de competitividad del puerto. "Somos más caros que la costa azul francesa y que Italia". Denunció la dejación de funciones del Ayuntamiento, así como las carencias técnicas y sensibilidad de APB. En el mismo sentido se expresó Luis Barca, quien lamentó la excesiva politización de los órganos de gestión del puerto, mientras su entorno languidece y se pone en riesgo el futuro de las cerca de 3.000 familias que viven de él. "O nos ponemos las pilas o lo perdemos", advirtió, algo que sí han hecho, dijo, en Ciutadella.