"No queremos caer en falsos alarmismos, pero la situación de las arcas municipales es grave". Éste es el mensaje que ayer lanzó el nuevo equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de Maó tras analizar junto a los técnicos municipales el estado de cuentas del Ayuntamiento.
El concejal de Servicios Generales, Salvador Botella, quien compareció en rueda de prensa junto al director económico, Manolo Yebra, garantizó el pago de las nóminas de los trabajadores municipales.
No obstante, de inmediato, anunció que el PP ha encargado a la empresa "Vives y Sintes" una auditoría externa del último año para conocer la situación financiera y contable del Consistorio, "no como revancha (contra el anterior Gobierno), sino como paso necesario para saber donde estamos y encaminarnos hacia el futuro con garantías", precisó.
Según los datos expuestos, la deuda del Ayuntamiento asciende a día de hoy a 35,6 millones de euros, lo que significa que cada mahonés adeuda unos 1.200 euros, cifra que crece hasta los 1.678 si se suma la carga impositiva que debe asumir cada ciudadano.
Asimismo, el responsable de Servicios Generales advirtió que el Ayuntamiento de Maó tan sólo puede disponer de aquí a finales de año de 299.000 euros en préstamos, lo que limitará considerablemente según Botella, la capacidad de maniobra del nuevo equipo de gobierno.
De hecho, aunque el presupuesto municipal del actual ejercicio asciende a 32,5 millones de euros, la deuda financiera alcanza los 27 millones y el máximo permitido de endeudamiento por ley es el 75 por ciento del presupuesto, por lo tanto, "sólo nos queda disponible 299.000 euros. Nos hemos quedado bloqueados", aseveró descriptivo.
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