La Dirección General de Función Pública del Govern elaborará un informe sobre el cese del interventor del Ayuntamiento de Maó, Manuel Velarte, a raíz del expediente disciplinario abierto por el anterior equipo de gobierno municipal al funcionario interino, en 2008, y que en enero de 2009 fue ratificado por el Ejecutivo autonómico.
Dicho análisis tendrá por objetivo dirimir las "posibles responsabilidades de todos los actores que tomaron parte en el proceso", aseguró ayer el conseller balear de Administraciones Públicas, Simón Gornés, tras el anuncio del Consistorio de estudiar si el Govern debe asumir el pago de las retribuciones no abonadas, al quedar el funcionario suspendido cautelarmente de sus funciones, y que suman un total de 150.000 euros.
Por su parte, el teniente de alcalde de Servicios Generales y Hacienda de Maó, Salvador Botella, informó de que el Ayuntamiento solicitará al propio Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) una interpretación de la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, "para contar con una mejor base jurídica", alegó el concejal.
Asumir el pago
De este modo, el gobierno municipal pedirá a los magistrados de la Sala, Gabriel Fiol, Fernando Socías y Alicia Ortuño que "clarifiquen conceptos" como la "necesidad de readmisión" de Manuel Velarte y "si la competencia es toda nuestra o también es del Govern", aseguró Botella.
El edil del PP manifestó que cualquier decisión municipal, sobre el regreso de Velarte a su trabajo quedará postergada hasta que no se conozca la respuesta del Tribunal Superior, a la vez que señaló que no ha habido ningún contacto con Manuel Velarte por parte del actual equipo de gobierno.
La interpretación de la sentencia se realizará por tanto en paralelo a la redacción del informe por parte de la Dirección General de Función Pública, que también intentará dilucidar "si la Administración está obligada a pagar" los salarios no abonados al ex interventor del Ayuntamiento de Maó, según explicó el conseller Simón Gornés, ya que "hablamos de una cantidad muy importante", añadió, "y hay que estudiarlo en profundidad".
A pesar de que se esperaba una resolución judicial sobre el caso del interventor apartado de su plaza en Maó, Gornés reconoció ayer que el procedimiento ha sido "rápido", para lo que es habitual en este tipo de litigios, y ahora "hay que afrontarlo legalmente, e intentar ayudar a la Administración que toque".
Dada su doble condición de conseller del Govern balear y miembro del equipo de gobierno de Maó, Gornés se mostró muy cauteloso a la hora de valorar el caso. Tanto el equipo de gobierno municipal del PP como el Ejecutivo balear, de igual color político, deben afrontar las consecuencias económicas -en el peor momento para las arcas públicas-, de una decisión de sus predecesores y que, como oposición en el Consistorio, criticaron. La cuestión no es sólo el regreso de Velarte a su puesto, que supondría la salida de la actual interventora, Marta Cardona, sino quién paga sus nóminas atrasadas.
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