Ciutadella. Uno de los acusados, Oussama M., tuvo conocimiento de la incidencia en la sede judicial - carles marqués

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La sede del Juzgado de lo Penal de Maó acoge hoy la continuación del juicio oral en el que se dirime la responsabilidad por el asalto y robo a los dueños de Truvi ocurrido en la madrugada del 7 julio de 2009 y el robo perpetrado es misma noche en el centro de jardinería de Ferreries, anexo a la finca de Calafí Vell donde fue sorprendido el matrimonio formado por Sebastià Truyol y Juana Villalonga.

Esta segunda sesión debía haberse celebrado ayer pero la indisposición de Gheorhe G.S., motivó su aplazamiento y la decisión de que el acto tenga lugar a través de videoconferencia para este acusado, mientras que el otro implicado, Oussama M, quien tuvo conocimiento de la incidencia en la misma sede judicial de Ciutadella, sí estará en la sala.

Se da la circunstancia de que la vista ya tuvo que suspenderse el pasado 4 de julio por la incomparecencia de un testigo considerado fundamental para la prueba de los hechos, cuando se había desarrollado el interrogatorio de los acusados y buena parte de la fase probatoria. En este sentido, tras aprobar el aplazamiento, el magistrado Bartomeu Mesquida, se aseguró que el testigo comparecería en la segunda sesión y así lo hizo.

Según informaron fuentes del juzgado de lo Penal, Víctor Sintes- el joven que afirmó haber visto a G.G.S. con un marroquí el día 7 en Ferreries- sí que se encontraba ayer en la sede judicial de Ciutadella, aunque no se le pudo ver, y está previsto que haga lo propio hoy en Maó.

El testimonio del joven podría ser determinante por cuanto la estrategia de defensa de G.G.S se asienta en el hecho de que no se encontraba en Menorca en el momento en que sucedieron los hechos enjuiciados, algo que no pareció quedar acreditado en la primera jornada del juicio ni por la documental presentada ni por los testimonios que ofrecieron diferentes testigos. También quedó pendiente la comparecencia de Jessica Maria Vilar una excompañera de piso de este acusado que reside actualmente en el extranjero.

Una vez concluya la práctica de la prueba, se procederá al informe y a las conclusiones en las que servirán de base para la decisión del magistrado. Los acusados podrían enfrentarse a una condena de 10 años de cárcel.