Los partidos políticos suspenden en gestión de transporte aéreo

Esos perjuicios, claramente reconocidos en el mencionado Pla de Transport Interinsular, provocaron la creación de la Mesa para el Transporte Aéreo de Menorca, que funcionó entre los 2004 y 2006. Su presidenta, Montse Capell, denunciaba en la prensa local en abril de 2005 la decepción e indignación de la Mesa ante la indiferencia tanto del Gobierno de Madrid como del Govern autonómico. "Nos molesta que los políticos no hagan su trabajo", afirmaba. Esta mesa fue disuelta en 2006 debido a fuertes interferencias de los partidos políticos. En marzo del 2011, la misma Federació de Associacions de Veïns de Menorca ha creado la plataforma El Transport Aeri Ofega Menorca, que está a punto de alcanzar 22.000 firmas.

Antecedentes europeos y canarios en relación a las osp

El Reglamento 2408/92 de la Unión Europea, de 1992, establece en su artículo 4 que todo estado miembro "podrá imponer la obligación de servicio público en relación con los servicios aéreos regulares a un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo" para garantizar "determinadas normas en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial".

En base a este Reglamento europeo y a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 1997, el Consejo de Ministros, el 10 de julio de 1998 declaró por primera vez en España obligaciones de servicio público en rutas aéreas de Canarias.

De 1999 a 2003, con el Govern balear del Pacte de Progrés.

Al principio de esta legislatura la bonificación del Estado sobre el precio de los billetes era del 33% para los residentes. Las dificultades para viajar de Maó a Palma a primera hora de la mañana y los elevados precios provocan multitud de protestas. El Pleno del Consell insular de Menorca en octubre de 1999 y el Parlament de les Illes Balears en noviembre del mismo año acordaron solicitar al Gobierno central la declaración de OSP para las rutas interinsulares y con la Península.

Después de uno de los habituales incrementos de las tarifas aéreas, la edición del diario "Menorca" del 9 de noviembre de 2000, informa que "la presidenta del Consell reclama la intervención del Gobierno central" que en aquellos momentos era del Partido Popular. Dos días más tarde, en la edición del 11 de noviembre del mismo diario, y cuando los vuelos interinsulares eran operados por tres compañías aéreas (Air Nostrum y Air Europa Express con aviones turbohélices y Spanair con reactores), José Reguera, el presidente en Balears de la Unión de Consumidores (UCE), denuncia la inexistencia de competencia entre las tres compañías.

El 7 de abril del 2001, el diario "Menorca" deja constancia del incremento del 89% del coste del billete de avión entre islas en el período comprendido entre 1996 y 2001.
En estas mismas fechas, el menorquín Josep Antoni Ferrer, Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transport del Govern balear, se reunía con el ministro de Fomento, Alvarez Cascos, para solicitar la declaración de OSP en los vuelos interinsulares. Al mismo tiempo, su conselleria contrataba una asistencia técnica para la redacción de un Plan del Transporte Aéreo Interinsular de las Islas Baleares, que incluiría la redacción de una propuesta concreta para la declaración de OSP en las rutas interinsulares y la justificación de las tarifas máximas a solicitar.

El Secretariado del PSM en el "Menorca" del 28 de julio de 2001 crítica al Gobierno central: "Madrid, però, fa oïdes sordes a la petició de les nostres institucions". En agosto del 2001, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, remitió una carta al Gobierno central en la que solicitaba la declaración de OSP y advertía que el Gobierno estaba obligado por ley a su concesión.El 11 de septiembre de 2001, el atentado que destruyó las torres gemelas de Nueva York origina una crisis en el transporte aéreo general. Air Europa Express, con sede en Palma, suspendió al cabo de pocas semanas sus operaciones, pudiendo leerse en las declaraciones de esta compañía al "Diari de Balears" del 31 de octubre que "els vols interilles i entre les Balears i la Península sí que eren rendibles, circumstància que no succeïa amb la programació a la península". El mes de octubre de 2001, Iberia-Air Nostrum y Spanair-AeBal, las principales compañías que operaban las rutas interinsulares, subieron simultáneamente las tarifas interinsulares de 12.350 pesetas (74 euros) a 14.000 (84 euros) con diferencias de precios inferiores al 1,5%. Una vez más se demostró que la existencia de varios operadores aéreos no garantizaba la existencia de competencia en un mercado de pasajeros "cautivos" como es el mercado interinsular. La tarifa máxima en la ruta canaria La Palma-Tenerife, separadas por una distancia más o menos equivalente a la que separa Menorca o Eivissa de Mallorca, era en esas fechas de 7.200 pesetas, de acuerdo con las condiciones establecidas en las OSP para aquellas islas, prácticamente la mitad de las tarifas interbaleares.

El 6 de Octubre del 2001, la Federación de AAVV de Menorca organizó en 'Sa Granja' una jornada monográfica de debate sobre el transporte aéreo. Posteriormente, dicha Federación creó la Mesa por el Transporte Aéreo de Menorca, que llegó a reunir a 39 entidades menorquinas y estuvo presidida durante su corta existencia por Montse Capell.
El diario Ultima Hora de 13 de octubre de 2001 informa de que el Gobierno central ha contestado al Defensor del Pueblo que no se concederá la declaración de OSP para los vuelos interislas ni tampoco entre Balears y la península. Recoge también las reacciones de los principales partidos políticos de Balears: mientras que el Govern autonómico (Pacte de Progrés) estudia la posibilidad de presentar un recurso jurídico" ante tal decisión y seguirá reivindicando la declaración de servicio público para las rutas aéreas de Balears, "el PP de Balears afirma que no se dan las circunstancias para ello en estos momentos", y que "cuando se den las circunstancias apoyará la petición del Ejecutivo autonómico". El portavoz del PP, González Ortea, afirma que "es mejor la libre competencia que el régimen de monopolio"

En octubre de 2002 la Conselleria d'Obres Públiques del Govern Balear presenta al Ministerio de Fomento un borrador de OSP con unas tarifas máximas entre islas de 61 euros y solicita oficialmente su tramitación. Simultáneamente, el President Antich realiza declaraciones en el sentido de que las tarifas aéreas entre islas y con la península deberían equipararse a las tarifas de tren existentes en la península y presenta las siguientes comparaciones: trayectos de 145 km que cuestan 60,3 euros en el avión Palma-Maó, tienen un precio de 7,90 euros en el tren Valencia-Teruel o 15,5 euros en el tren Lleida-Zaragoza; y trayectos de 230 km que cuestan 137 euros en el vuelo Palma-Barcelona y 23,5 euros en el tren Tarragona-Zaragoza.

De 2003 a 2007, con el Govern balear en manos del PP

Cambio de actitud del Partido Popular de Balears. Las elecciones autonómicas de mayo de 2003 significaron un cambio de color político: el Partido Popular pasa a dirigir tanto el Govern autonómico como el Gobierno central, coincidencia que duraría hasta las elecciones generales de 2004. Los políticos autonómicos del PP en el Govern cambiaron inmediatamente la actitud negativa mantenida entre 2001 y 2003 ante la declaración de OSP en las rutas interinsulares y consiguieron en pocos meses que el Gobierno central aprobara, en noviembre de 2003, la declaración de OSP en las rutas interinsulares.
Proceso de declaración de las OSP de noviembre de 2003. En agosto de 2003, el Gobierno central inició el proceso de declaración de obligaciones de servicio público. Abrió un período para que las compañías aéreas, Govern autonómico y Consells insulares pudieran presentar alegaciones a la propuesta del Ministerio de Fomento de declarar unas OSP con una tarifa máxima entre islas de 72 euros.

El 20 de agosto de 2003, el "Menorca" informó en detalle del estudio contratado en el año 2002 por la Conselleria de Transports, que revelaba las tarifas que permitían rentabilizar los vuelos interinsulares en función del porcentaje medio de pasajeros por vuelo, que eran muy inferiores a las contempladas en la propuesta de Fomento. En el mismo diario se informaba de la falta de consenso de los partidos políticos de Menorca sobre las alegaciones a la propuesta de OSP del Ministerio de Fomento, "reiterando los tres argumentos del Consell, a saber: se deben incluir los vuelos con la península, hay que reducir unas tarifas excesivamente caras y se deben incluir reducciones sobre las tarifas". Por su parte, el conseller menorquín de Movilidad del Consell insular, Damià Borràs, calificó de "tímido paso adelante la propuesta del Ministerio de Fomento" y declaró que el borrador de OSP "no responde a las expectativas de la sociedad menorquina".
En los trámites de las alegaciones, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport dirigida por Mabel Cabrer, aceptó la tarifa máxima de 72 euros propuesta por el Ministerio de Fomento del PP y las otras condiciones de subidas casi automáticas de precios. Esa aceptación fue la que ha propiciado la situación actual.

El 21 de noviembre de 2003 el Consejo de Ministros del Gobierno del PP aprobó la declaración de Obligaciones de Servicio Público con una tarifa máxima para los vuelos interinsulares de 72 euros, así como otras condiciones sobre incrementos casi automáticos de precios, frecuencias mínimas, cancelaciones de vuelos, etc.

Reacciones políticas a la declaración de OSP. El presidente del Govern Jaume Matas calificó la jornada de "día histórico". El PSIB-PSOE denunció que la declaración era "poco valiente porque no resuelve el problema de precios ni las conexiones con la península".
La euforia del PP balear al conseguir la declaración de las OSP en las rutas interinsulares pasaba por alto los perjuicios causados a los residentes al haber impedido desde 2001 que el Gobierno central decretara las citadas OSP, y no reconocía que el Govern había aceptado unas tarifas máximas excesivas por las presiones ejercidas por la compañía Air Nostrum para mantener los vuelos.

Por otra parte, la frustración del PSIB-PSOE ante la declaración de OSP por parte del PP no le permitía prever que, en la siguiente legislatura, en la que gobernaría de nuevo el PSOE con un Gobierno central de su mismo partido, los residentes en Balears podrían reclamarles actuaciones para resolver los defectos que habían denunciado de las OSP conseguidas por el PP en las rutas interinsulares.

En enero de 2007, con el Gobierno central en manos del PSOE desde las elecciones generales del 2004, el Ministerio de Fomento aplicó a las tarifas máximas el incremento anual del IPC permitido por las OSP y al mismo tiempo incrementó la subvención de las tarifas del 45 al 50%. Las tarifas máximas pasaron de los 82 euros vigentes en 2006 a 85 euros en enero de 2007 y el coste de los billetes para residentes quedó establecido en 41 euros.

En estas mismas fechas, Foment de Turisme había presentado un estudio de viabilidad económica del transporte aéreo inter-balear que defendía que con un único operador aéreo y las subvenciones previstas por el Ministerio de Fomento se podría servir el mercado interbalear con una tarifa única en torno a los 30 euros. La hipótesis más debatible del estudio era el importante incremento de pasajeros interinsulares que generaría esta reducción del precio del billete. La consellera Mabel Cabrer declaró que el Govern estaba estudiando la posibilidad de presentar un recurso después de que Fomento "haya contestado de manera desfavorable al requerimiento de la Conselleria pidiendo la anulación de la subida de precios de los vuelos que se autorizó en enero de 2007". En realidad, estas declaraciones, realizadas pocos años después de la euforia mostrada en noviembre de 2003, eran una demostración de que el mismo Govern balear había aceptado una declaración de OSP de las rutas interinsulares con unas tarifas máximas excesivas y unas condiciones que permitían continuas subidas de tarifas, perjudiciales para los usuarios del servicio de transporte aéreo.

Consecuencias de la declaración de OSP de noviembre de 2003. La reducción de 24 euros en cada billete de Air Nostrum supuso una ventaja indiscutible para los pasajeros de las rutas interinsulares residentes en Balears. Esa era la diferencia entre los 72 euros que, como máximo, permitían las nuevas OSP y los 96 euros que costaban prácticamente todos los billetes entre islas el día antes de la declaración de las mismas. La reducción de tarifas aplicada a los más de 450.000 pasajeros interinsulares demostraban que antes de la declaración de OSP estábamos pagando anualmente, entre los usuarios del servicio y un generoso Ministerio de Fomento, un sobrecoste superior a 10 millones de euros en los trayectos interinsulares.

El hecho de que Air Nostrum siguiera operando las rutas interinsulares con normalidad después de la declaración de OSP, demostró que las continuas subidas de tarifas aplicadas por dicha compañía en los años previos a la declaración de OSP estaban injustificadas y que los beneficios de Air Nostrum en las rutas interinsulares eran desproporcionados.

Por otra parte, con las OSP se creó una Comisión Mixta, compuesta por tres representantes del Ministerio de Fomento y otros tres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

De 2007 a 2011, con el Govern balear del Pacte de Progrés.

Las elecciones autonómicas de mayo de 2007 supusieron un pacto progresista, donde el PSOE presidido por el Sr. Francesc Antich era el partido mayoritario y el mismo que ostentaba el poder en el Gobierno central. Esta coincidencia, que se mantuvo durante toda la legislatura, permitió albergar la esperanza de una mejora significativa en el transporte aéreo, pero, lamentablemente, no se llegó a materializar.

Creación de una nueva Dirección General en el Govern balear. Una de las primeras novedades respecto al transporte aéreo fue la creación por primera vez de una Dirección General de Transport Aeri i Marítim, de la que fue titular Joana Amengual, del PSM.
Esta Direcció General contrató en 2007 una asistencia técnica para estimar las tarifas aplicables a las rutas interinsulares y revisar el funcionamiento de las OSP. El estudio, que no fue conocido hasta principios del 2011 al ser entregado a la plataforma ciudadana, tenía en cuenta los cálculos realizados por el Ministerio de Fomento y por el Foment del Turisme, y mostraba que la tarifa que permitía cubrir costes y obtener beneficios normales estaba en torno a los 63 euros, muy por debajo de los 83 euros calculados por Fomento.

Modificación de las OSP con una Orden de abril del 2008. A pesar de ello, el nuevo Govern, con los tres representantes en la Comisión Mixta procedentes de la Conselleria de Mobilitat en manos del PSM, permitió una modificación sustancial de las OSP, a través de una Orden del Ministerio de Fomento de abril del 2008 (Orden FOM/1085/2008), que introducía un cambio sustancial en la denominación y concreción de las tarifas: la sustitución de las "tarifas máximas" establecidas en 2003 por unas "tarifas de referencia", que podían ser superadas en un 25% y que dificultaban extremadamente el control del Estado sobre las tarifas reales que aplicaba la compañía operadora en cada vuelo; incrementaba las tarifas máximas existentes hasta ese momento, de 88 a 102,5 euros; seguía impidiendo la posibilidad de aplicar reducciones en las tarifas, como las que se podrían derivar de una reducción en los costes de los aviones o de su mantenimiento, o de la bajada de los precios del combustible después de haber experimentado subidas excepcionales; seguía sin contemplar las conexiones aéreas de las islas menores con la Península.

El PSIB, contrario a lo defendido durante la declaración de OSP. Se puede decir que la modificación de las OSP realizada en 2008 por el Gobierno central del PSOE no respondía a ninguna de las expectativas que habían creado los políticos autonómicos de ese mismo partido.

Las protestas populares motivaron varias reuniones de la Directora General de Transport Aeri del Govern con el Ministerio de Fomento en las que se solicitó reducciones de tarifas y unas obligaciones de servicio público entre las islas menores y los principales destinos peninsulares (Barcelona y Madrid) más favorables para los ciudadanos baleáricos.

Estas gestiones no tuvieron ningún resultado positivo por diversos motivos, como la falta de documentación técnica que justificara las peticiones al Ministerio de Fomento o la falta de apoyo a las iniciativas de la Conselleria de Mobilitat, en manos del PSM, de sus socios de Govern, del PSOE, y, particularmente, de la Presidencia y de la Conselleria de Mobilitat del Consell insular de Menorca.

Así se desprende de diferentes actas de la Mesa del Transport Aeri del Govern balear y de alguna reunión no oficial de estos últimos dirigentes con altos cargos del Ministerio de Fomento. Además, esta falta de apoyo del Consell fue justificada en diferentes ocasiones argumentando que, para conseguir acuerdos con las compañías aéreas, consideraban más efectivas las reuniones bilaterales (entre Consell insular y las compañías operadoras), lo que, dicho sea de paso, posibilitaba a nuestros políticos isleños "salir en la foto" acompañados por los ejecutivos de dichas compañías anunciando la consecución de unos logros cuya ineficacia y volatilidad el tiempo se ha encargado de demostrar rápidamente.