"La grave situación económica de la CAIB hace recomendable la adopción de medidas complementarias para disminuir el gasto...". Con esta elocuente, aunque a estas alturas nada sorprendente, frase comienza uno de los comunicados emitidos ayer por el Govern para anunciar una serie de medidas que afectan de lleno al funcionariado.
El otro gran recorte conocido ayer, con menos publicidad, es el aplazamiento del pago del 75 por ciento de la partida que los ayuntamientos deben recibir del Fondo de Cooperación Local de este año, una cantidad que en Menorca asciende a algo más de un millón de euros.
Los alcaldes de las Islas recibieron ayer la comunicación de que este año sólo recibirían una cuarta parte de la partida asignada a través del Fondo de Cooperación Local, idéntica a la del año pasado.
El resto "se tramitará dentro del año 2012", según la carta enviada por la Conselleria de Administraciones Públicas. La medida es un nuevo boquete en el casco de las ya de por sí maltrechas cuentas de las administraciones locales.
La otra víctima son los funcionarios. El Consell de Govern aprobó ayer una serie de medidas de ahorro, por una cantidad sin cuantificar que el conseller Simón Gornés definió como "considerable", que repercuten en la nómina y en el grueso de la plantilla de los trabajadores públicos.
Además se suspenden los acuerdos con los sindicatos aplicando un nuevo régimen que elimina los liberados y establece un nuevo sistema basado en unas bolsas de horas a disposición de las agrupaciones sindicales.
Así las cosas, el Govern suspende el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal. Tampoco se prorrogarán los contratos de aquellos interinos adscritos a programas temporales.
En cuanto a los funcionarios en activo, se elimina el complemento de productividad, las gratificaciones y las horas extraordinarias.
Las consellerias deberán reorganizar el trabajo para evitar estos pagos y, en caso de no evitarse excesos de jornada, se compensarán con descansos.
En todos los casos se establecen una serie de excepciones por las particularidades de determinados trabajos (como el personal de emergencias y los choferes de los consellers y el presidente) y mecanismos para no afectar a servicios indispensables.
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