Puerto. Los terrenos que APB ha sacado a concurso ocupan un área de 36.781 metros cuadrados - Paco Sturla

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El Ayuntamiento de Maó y Autoridad Portuaria de Balears (APB) trabajarán conjuntamente para desbloquear la adjudicación de la gestión del nuevo varadero, aunque la última palabra sobre esta cuestión la tendrá el Consell. El proyecto, que ocupará una zona de 36.781 metros cuadrados en el Cós Nou y es considerado estratégico para el futuro económico de la rada, se encuentra paralizado por su afectación parcial a una zona protegida y calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

El desbloqueo de este proyecto encallado en la burocracia administrativa fue una de las cuestiones abordadas ayer en la reunión de trabajo mantenida por la alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, y el concejal de Servicios Generales, Salvador Botella, con varios responsables de APB en la Isla, entre ellos, el director del puerto de Maó, Jesús Fernández.

Conflicto

APB compró entre 1999 y 2008 en la zona del Cós Nou parcelas por valor de 7,5 millones de euros para el desarrollo de la actividad portuaria proyectada (nueva estación marítima, construcción del vial de acceso y el varadero), pero junto a ellos adquirió terrenos protegidos como una de las condiciones impuestas por la propiedad para cerrar la operación de compra-venta. Autoridad Portuaria de Balears incluyó después en el pliego de condiciones para la adjudicación del varadero una zona que consideraba estaba calificada para albergar servicios portuarios, sin embargo, el Ayuntamiento de Maó, presidido por Vicenç Tur, advirtió que el área en cuestión estaba protegida y afectada por la Ley de Espacios Naturales. Esta controversia mantiene paralizada desde hace meses la adjudicación del varadero, cuyo concurso se convocó en agosto de 2010 y dos empresas menorquinas se han postulado para hacerse con la gestión.

El Consell debe decidir

El Consell tiene competencias en Ordenación del Territorio desde hace casi once años, y en este sentido, tanto APB como el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento mahonés consideran que será la máxima institución insular quien deba poner luz a esta disquisición jurídica. De hecho, durante su primera visita a la Isla, el nuevo presidente de Autoridad Portuaria de Balears, José María Urrutia, pidió a las administraciones locales implicadas agilidad en la resolución de este conflicto, para que el Consejo de Administración del ente portuario pueda finalmente adjudicar la gestión del varadero. Y es que la nueva zona de reparación de embarcaciones podría generar un centenar de puestos de trabajo y convertir Menorca en un punto de referencia en la reparación naval y náutica del arco Mediterráneo, sin dejar de lado la prestación de los servicios necesarios a las pequeñas embarcaciones de la Isla.

En el lado negativo de la balanza está la inquietud que se respira entre los sectores náuticos y pesqueros del puerto por el posible incremento de las tarifas que acarree la privatización del varadero del Cós Nou.