PSOE y PSM piden un informe externo que avale la retirada del Plan de Comercio

Las explicaciones del Consell sobre la retirada del Plan Director Sectorial de Comercio no convencen a PSOE y PSM. Las tesis del equipo de gobierno no despejan las dudas que los dos partidos mantienen sobre las consecuencias de la retirada del Plan, y el frenazo que podría suponer para la implantación de nuevos comercios en la Isla.

Ante esta situación, PSOE y PSM se han puesto de acuerdo para presentar una moción en el próximo pleno del Consell en la que solicitan que se encargue un informe a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para eliminar las dudas. Tal como informó este periódico, algunos juristas entienden que, con la anulación de la tramitación del Plan de Comercio, la implantación de nuevos establecimientos se rige por el Plan Territorial Insular. Esta normativa, en su artículo 18, prohíbe de manera tajante la implantación de negocios con una superficie mayor a los 400 metros cuadrados. PSOE y PSM entienden que ésta es la situación actual, mientras que el PP defiende que normativas superiores al PTI dejan sin efecto este artículo.

Ante esta duda, y después de que la propuesta para derogar el Plan de Comercio llegara al pleno por la vía de urgencia y sin que pudiera reunirse la comisión técnica asesora, PSOE y PSM quieren que el informe jurídico independiente que podría haberse hecho antes, se haga ahora. La consellera del PSM, Maite Salord, explica que "por las formas que utilizó el PP y las prisas por aprobar esta medida no pudimos hablar del tema en una comisión técnica, y se perdió el rigor en la propuesta. Esa precipitación ha generado una inseguridad jurídica que queremos aclarar mediante un informe externo". En una línea muy similar se expresa el socialista Marc Pons, aseverando que "el equipo de gobierno del Consell no se puede permitir ni una sola duda en la derogación del plan y la mejor vía para garantizarlo es un informe externo que nos deje clara cuál es ahora mismo la situación jurídica". Desde el PSOE definen como constructiva su propuesta y la justifican asegurando que pretenden "evitar poner en riesgo nuevas inversiones en el ámbito comercial e impedir la aparición de perjuicios evitables".

PSOE y PSM insisten en que la derogación del Plan Comercial ha generado inseguridad jurídica, más aún después de que las explicaciones ofrecidas por el Consell a través de este periódico no aclararan, entienden, la situación. Así, en un comunicado conjunto de los dos partidos, defienden que "ni la Directiva Bolkenstein ni la Ley de Comercio alteran la función del PTI". Cabe recordar en este sentido que el PP defiende que la normativa europea deja sin validez el artículo de la normativa insular que prohíbe la implantación de grandes superficies. PSOE y PSM defienden que las dos normativas citadas "están enfocadas desde la óptica económica y de prestación de servicios que implica la actividad comercial, pero no desde el punto de vista de la ordenación territorial de la actividad. Así, desaparecido el Plan Sectorial, se puede considerar directamente aplicable el PTI".

De hecho, la duda radica precisamente en el debate sobre si los criterios territoriales, fijados en Menorca por el PTI, deben o no prevalecer sobre los aspectos puramente comerciales que legislan la normativa autonómica y la europea. En este sentido, varios juristas entienden que la actividad comercial, por el hecho de tenerse que ubicar en un territorio físico, deben someterse también a las regulaciones de ordenación del territorio. Otros, en cambio, piensan que la Directiva Bolkenstein, por ser de obligado cumplimiento, deroga cualquier otro artículo que impida su aplicación. La solución, insisten PSOE y PSM, es que expertos independientes den su opinión.

"El PP no debería tener ningún inconveniente en solicitar este informe", apunta Marc Pons, una tesis que también defiende Maite Salord. La portavoz menorquinista entiende, además, que la necesidad de este informe es evidente, y critica las formas del presidente del Consell, Santiago Tadeo: "Durante toda la campaña electoral defendió la necesidad de la seguridad jurídica. Ahora tiene un buen momento para demostrar que sus palabras eran reales y para que después no tengamos que enfrentarnos a actuaciones que no están suficientemente fundamentadas jurídicamente".