No habrá, en principio, recortes drásticos, pero la gran mayoría de los ayuntamientos de Menorca secundan la opinión de la FELIB de que hay que analizar detenidamente el coste de los servicios que prestan los ayuntamientos y que no están obligados a ofrecer. Como avanzó ayer este periódico, los Consistorios soportan una gran carga de gastos que sirven para financiar servicios que no tendrían que ofrecer si no fuera porque lo consideran un complemento beneficiado para la calidad de vida de los ciudadanos.
Ayer, todos los ayuntamientos de Menorca coincidían en señalar que las medidas que tengan que aplicarse en este sentido dependerán en gran medida de la aportación que realicen las demás administraciones, sobre todo el Govern. El Ejecutivo autonómico aún no ha aportado ninguna pista sobre los presupuestos del próximo año, y lo poco que se sabe es que no va a ingresar la totalidad del Fondo de Cooperación Local. Además, los Consistorios afrontan otro panorama incierto en Madrid, con las elecciones generales. La mayoría de responsables de los ayuntamientos admiten que hasta que no se sepa quién es el nuevo inquilino de La Moncloa, y hasta que éste no desvele cuál será su relación con los ayuntamientos, no sabrán con certeza cuánto dinero les llegará desde Madrid.
Con estos mimbres, la línea que comparten muchos de los ayuntamientos es la reducción del déficit que generan estos servicios no obligatorios. Se trata, sobre todo, de escuelas de música o de artes y actividades deportivas. En ningún municipio, el precio que paga el usuario cubre el coste total de estos servicios, lo que provoca un déficit. Hasta qué punto este déficit es asumible es lo que puede diferenciar a los ayuntamientos. En Ciutadella, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de que los usuarios acabaran cubriendo la totalidad del servicio con sus tarifas, si bien se admite que esta decisión puede resultar inviable porque las tarifas que resultarían serían muy elevadas.
Lo que sí está claro es que todos los Consistorios soportan servicios no obligatorios. En este sentido, la legislación especifica claramente cuáles son estos servicios. Mejor dicho, especifica cuáles son los servicios que un ayuntamiento, dependiendo de su población, debe prestar. La Ley de Bases de Régimen Local especifica que, por muy grande que sea el municipio, no está obligado a ofrecer servicios culturales, ni escuelas de música. En cambio, sí especifica que aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes deben ofrecer instalaciones deportivas de uso público. Lo que no aclara es si simplemente deben facilitar las instalaciones, o también deben aportar servicios de entrenamiento y clases deportivas.
Un estudio realizado en Mallorca por Joaquín Alegre y Llorenç Pou analiza precisamente el gasto no obligatorio de los ayuntamientos de la isla vecina. Este informe, fácilmente extrapolable a Menorca, evidencia que el gasto no obligado de los Ayuntamientos se destina básicamente a cuatro apartados: seguridad ciudadana, protección social, cultura y educación. Este análisis cuantifica en un 27,5 por ciento los recursos que destinan los consistorios a estos servicios no obligatorios en Mallorca, una cifra muy cercana al 30 por ciento que anunciaba ayer la FELIB. De todos modos, los analistas explican que existen dificultades en algunos casos para situar la frontera entre un servicio obligatorio y otro que no lo es, porque, aseguran los estudiosos, "cumplir muchos de los servicios considerados obligatorios puede implicar para el Ayuntamiento en cuestión aspectos que no lo son".
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