Maó se compromete a mantener la plantilla

Esta medida que se comprometió a cumplir la alcaldesa, Águeda Reynés, fue tomada ayer en el marco de la reunión del equipo de gobierno municipal con el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento.

A pesar de haberse tomado esta decisión, el personal no accedió a negociar una solución pactada al considerar que los recortes no están justificados.

Salvador Botella lamenta este hecho y anota que su actuación "carece de solidaridad cuando nuestra propuesta pretendía repartir la carga entre todos los trabajadores" y además, "han demostrado que priorizan los intereses propios frente a los de toda la ciudadanía". Botella afirma no compartir su posicionamiento aunque "lo respetamos".

Es en este sentido y tomando como objetivo un ahorro de hasta 600.000 euros para poder cuadrar las cuentas que el concejal de Servicios Generales indica que se van a tomar medidas de reducción de los pluses de productividad, un exhaustivo control de los pluses de absentismo laboral además de reducir las ayudas sociales "manteniéndolas entre aquellos trabajadores con retribuciones menores y aplicando reducciones entre los empleados con retribuciones más elevadas".

Añade que "el Ayuntamiento busca una estabilidad presupuestaria que garantice el pago de los sueldos a toda la plantilla así como una reducción del coste actual municipal". Estas medidas se empezarán a aplicar a partir de enero.

Por su parte, los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento han manifestado a través de un comunicado que no han acordado ningún recorte puesto que "no se han creado las condiciones necesarias para una negociación justa".

Según señalan, buena parte de la información que solicitaron para justificar el esfuerzo económico que el Ayuntamiento pide "fue denegada". Recuerdan además que los trabajadores municipales tienen el sueldo congelado desde hace más de diez años y han sufrido últimamente diferentes recortes decididos por el Gobierno central en cada decreto de contención del gasto público que la crisis ha forzado.

"Ahora se pide otro esfuerzo idéntico cuando no se utiliza el mismo criterio en la reducción de aquellos gastos voluntarios, compras y subvenciones a las que el Ayuntamiento afronta de forma habitual", denuncian e indican que una vez consultados los dos colectivos, el de personal laboral y de personal funcionario, "los representantes de los trabajadores no estamos autorizados a negociar ningún recorte en derechos mientras no se den las condiciones generales de ahorro que entendemos aun no existen".

Cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta con una plantilla de 364 trabajadores, de los que un centenar son funcionarios y el resto es personal laboral.