El alcalde de Sant Lluís, Cristóbal Coll (PP), no retrasará la ejecución de la sentencia dictada en marzo del 2006 que ordena la demolición de la vivienda ilegal construida por Carlos Anglés enla finca rústica Binifadet.
El ultimátum del Juzgado de lo Contencioso de Palma, con un auto que da un plazo de diez días al Ajuntament para que comunique quienes serán los responsables de llevar a cabo el derribo, ha motivado la reacción del nuevo gobierno municipal de Sant Lluís.
Cristóbal Coll informó ayer a Ultima Hora Menorca que una vez haya sido notificado este auto judicial al Ajuntament, los técnicos municipales redactarán los informes jurídicos para dar respuesta, sin más dilaciones ni nuevos recursos. El primer edil anunció que también recabará asesoramiento al Consorci Insular de Disciplina en Sól Rústec, al que pertenece el municipio.
La administración municipal de Sant Lluís aún no ha recibido el auto dictado el pasado jueves por el Juzgado Contencioso número 1 de Palma, de cuyo contenido tuvo conocimiento ayer, a través de las páginas de este periódico. Antes del 10 de marzo de 2012 el Ajuntament debe entregar el proyecto de derribo de al construcción, y antes del 10 de agosto está obligado a aportar la justificación de la «completa finalización de las obras de demolición».
El magistrado que ha dictado el auto recuerda que la primera sentencia sobre esta vivienda, ques se remonta a marzo del 2006, estimó el recurso interpuesto por el exconcejal del PSM Guillem Mercadal Gonyalons y anuló la licencia de obras concedida por el Ajuntament de Sant Lluís durante el mandato del alcalde Llorenç Carretero.
También ordenó la demolición de la edificación ya construida al entrar en contradicción con los criterios del Plan Territorial Insular de Menorca (PTI) para el suelo rústico, y tener la condición de ilegal.
Dos años después, una segunda sentencia confirmó el primer pronunciamiento judicial y confirmó la anulación del permiso municipal de obras. En octubre de 2010, una tercera resolución de la Administración de Justicia resolvió el recurso sobre la ejecución forzosa de la sentencia dictada el 2006.
El procedimiento ha entrado ahora en una fase definitiva al haber impuesto el juez el pago de las costas procesales al Ajuntament de Sant Lluís por su «manifiesta temeridad» en el retraso del cumplimiento de la sentencia.
Al mismo tiempo, el magistrado ha advertido al alcalde Cristóbal Coll que si incumple el requerimiento de identificación para cumplir la orden de derribo, corresponderá al primer edil el cumplimiento íntegro de la sentencia, con la imposición de multas coercitivas de 600 euros semanales.
5 comentarios
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de todos es sabido que en " Tobal " vive en una casa,cuando menos......muy sospechosa.....vamos que no es legal.......esten atentos....donde esta la prensa de investigacion?
Los chismorreos no me los creo...aporta datos e información, o mejor no des la lata cada día
Si señor, bien hecho, lo ilegal es ilegal. Espero que la ley sea igual para todos, incluso para el alcalde de Sant Lluís y su vivienda actual. (chismorreo basado en fuentes MUY fidedignas)
Durante treinta años Menorca ha sido gobernada por la ley del embudo. Los sociatas podían hacer lo que les daba la gana y a los demás se les exigían permisos y autorizaciones hasta para mear en rústico.
Crec que el sr. Carretero comença a saber el perque el van fotre fora de l´ajuntament, el mal es que s´envagi de rositas, i no l´imputin per "negligencia". I la sancio al sr. Angles?