El despido de cuatro policías locales interinos de Alaior continúa dando de qué hablar. Los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento acusaron ayer al equipo de gobierno de "atacar directamente" al colectivo policial y alertaron de que la reducción de efectivos puede provocar un aumento de la inseguridad en el municipio.
Los policías denuncian que serán los únicos trabajadores municipales que sufrirán recortes en su salario al eliminarse el plus de productividad, por el que los agentes trabajaban 80 horas anuales más que el resto de empleados del Consistorio. El delegado de funcionarios del Ayuntamiento, Rafel Mascaró, puntualizó que esta medida supondrá una rebaja del sueldo de los policías locales que oscilará entre el 5 y el 13 por ciento en función de los cargos y, asimismo, los efectivos realizarán 300 turnos anuales menos.
Por otro lado, el colectivo criticó la impugnación del acuerdo regulador de las fiestas de Sant Llorenç, Navidad y Fin de año firmado en 2003 y a través del que se organiza la distribución de los agentes y los horarios durante estas celebraciones, así como la supresión de las partidas destinadas a compra de vestuario y material.
RELACIONES TENSAS
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Alaior y el colectivo policial son, a día de hoy, más tensas que nunca. Los representantes de los funcionarios plantaron ayer por la mañana al equipo de gobierno, al que acusaron de tomar las decisiones de forma unilateral, sin tener en cuenta sus demandas. "Esto no es una negociación, es una imposición", espetó Mascaró, quien advirtió de que los policías tomarán las medidas legales en el caso de que el Consistorio incumpla la Ley.
El colectivo rechaza los argumentos ofrecidos por el ejecutivo liderado por Misericordia Sugrañes, que considera que la plantilla de policías locales se ha incrementado de manera excesiva en los últimos cuatro años. En este punto, el delegado de los funcionarios del Consistorio señaló que, en los últimos veinte años, el número de efectivos tan sólo ha aumentado en once personas, mientras que la población de la localidad ha crecido en alrededor de 4.000 habitantes.
"En ningún momento se ha realizado un estudio sobre las necesidades y demandas en relación a la oferta policial para determinar si sobran o no agentes", concluyó Mascaró, quien exigió de nuevo al Ayuntamiento la readmisión de sus compañeros y del brigada de obra despedidos.
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