Un documento elaborado por el interventor del Consell informó desfavorablemente la propuesta de mejora de las condiciones de prestación del servicio regular de transporte público de viajeros por carretera planteada por el entonces conseller de Movilidad, Damià Borràs, en octubre de 2010 y aconsejó adaptar las actuaciones de la administración insular en esta materia a la financiación disponible.
A pesar de la desaprobación del interventor, la Comisión del Gobierno del Consell aprobó el contrato programa con Transportes Menorca S.A (TMSA) por el que la institución insular debía abonar a la empresa concesionaria una cuantía total de 6.448.000 euros hasta 2015 para incrementar y reforzar el servicio de transporte. En concreto, el Consell se comprometía a aportar 107.460 euros en 2010, 1.289.600 euros anuales hasta el año 2014 y 1.182.000 euros en 2015.
Presupuesto disponible
El documento firmado por el interventor indicaba que el presupuesto con el que la administración insular contaba a día 2 de noviembre en materia de transporte colectivo por carretera era de 891.300 euros por lo que, según se lee textualmente, "en circunstancias normales no debería haber habido ningún problema a la hora de contabilizar el gasto de 2010 derivado del contrato programa con TMSA".
No obstante, matizaba que la cuantía disponible en las cuentas públicas no incluía una parte importante del gasto asumido por el Consell. A modo de ejemplo, el interventor se refirió al gasto derivado del contrato programa firmado en mayo de 2004 y vigente hasta el 22 de julio de 2010 con TMSA, no contabilizado en el presupuesto, así como a la factura a favor de Transportes Menorca S.L por un importe de 399.000 euros. El informe recordaba además que la institución adeudaba una cifra indeterminada a las empresas concesionarias del Jaleo Bus, Bàsquet Bus y Bus Nit. Por todo ello, el interventor consideraba demostrado que no se podía fiscalizar favorablemente ningún gasto en materia de transporte por carretera.
Financiación del gasto
Por otro lado, el documento interno alertaba también al equipo de gobierno liderado por el socialista Marc Pons, que la aportación autonómica anual de 450.000 euros era insuficiente para cubrir los gastos del contrato programa firmado con TMSA, lo que suponía que el Consell debía financiar la mayor parte de los costes contemplados en el convenio con la empresa concesionaria con fondos propios.
En esta línea, el interventor vaticinaba que la administración insular no sería capaz de hacer frente a estos gastos teniendo en cuenta su falta de estabilidad presupuestaria. Asimismo, avisaba de que el Consell todavía estaba pendiente de la transferencia del Ejecutivo autonómico en materia de servicios sociales, por un importe de 3 millones de euros, así como la transferencia en concepto de revisión de financiación valorada en 4,5 millones de euros.
Por otra parte, el interventor no consideraba oportuno que el contrato programa contemplara un beneficio asegurado del 12 por ciento para TMSA y, en este punto, recomendaba que el beneficio estuviera vinculado al número de pasajeros transportados.
En el apartado de conclusiones, el documento aconsejaba al Consell revisar el convenio con la empresa concesionaria aprobado por la Comisión de Gobierno e instaba a la administración insular a adaptar las acciones en materia de transporte público por carretera a la financiación disponible.
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