El último pleno del Ayuntamiento de Maó de este año celebrado anoche dio luz verde por unanimidad a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Subsanadas las últimas deficiencias señaladas por el Consell, tras ocho años de tramitación y un coste de 462.110 euros, el documento se remitirá de nuevo a la institución insular para su aprobación definitiva previsiblemente en enero. No obstante, el equipo de gobierno del PP ya anunció ayer mismo en rueda de prensa que modificará algunas partes de su contenido.
"Es un plan mal hecho", advirtió al respecto la alcaldesa Águeda Reynés. "No es el que nos hubiera gustado, hay temas en los que incluso discrepamos, pero actuamos con responsabilidad y pensando en el interés general hemos conseguido desbloquear este documento". Así justificó ayer la regidora el voto favorable de los populares, recordando los perjuicios que hubiera acarreado un nuevo retraso en la aprobación del PGOU sobre algunos proyectos que llevan paralizados desde 2007.
Finales de 2012
De hecho, a lo largo del próximo año, los 'populares' piensan elaborar un documento con las modificaciones que incorporarán al planeamiento. Este texto, que estaría listo a finales de 2012, recogerá la mayoría de las alegaciones presentadas por el PP durante el anterior mandato de izquierdas y que fueron rechazadas. Según la regidora de Urbanismo, Ana Lía Noval, las alegaciones se hacen eco de las quejas expresadas por promotores privados y ciudadanos relacionadas con reservas de suelo para aparcamientos, equipamientos públicos, escalas de viviendas y otros modelos de edificaciones.
"Seguramente también incorporaremos otros temas que tras la aplicación del PGOU veamos que no acaban de funcionar", añadió la regidora.
Noval comentó que en un tiempo récord, gracias al trabajo conjunto de técnicos municipales y del Consell se han podido subsanar las 65 deficiencias detectadas en el planeamiento por la institución insular. En este punto destacó el esfuerzo realizado por dos trabajadores municipales (la arquitecto y un abogado), que durante la tramitación del PGOU tuvieron que restar tiempo a otras tareas.
"Los pagos a la empresa redactora han sido elevados no sólo por el coste económico, sino por el coste en personal", señaló. El plan, incidió, no incluía por ejemplo, el cálculo de la capacidad de población potencial que establece el PTI, que obliga a fijar índices de intensidad de uso residencial y turístico.
"No ha sido un documento completo ni siquiera desde el primer día y se ha incorporado el sentido común", destacó, señalando que incluso faltaba la traducción del documento al castellano. Así, la concejal indicó que el planeamiento ha incorporado la regulación de las actividades de los locales del puerto y que hasta la fecha no figuraba, así como la regulación de los usos del polígono "Ahora se podrá instalar cualquier actividad sin problemas", apuntó.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Vicenç Tur, incidió en la sesión plenaria de anoche en que el documento redactado en su mayor parte durante el anterior mandato "es un buen plan". Aseveró que las deficiencias apuntadas por el Consell son "de carácter menor" y las normales en una tramitación de este tipo, ya que las correcciones realizadas, dijo, no han requerido un nuevo proceso de exposición pública.
Tur reconoció la "legitimidad política" del equipo de gobierno para modificar el planeamiento recién aprobado, pero subrayó que da respuesta a los equipamientos que la ciudad necesita. Además, resaltó que "es un plan viable económicamente" que espera sea aprobado por el Consell el próximo mes de enero.
Los policías locales vuelven a protestar por los reajustes
Los Policía Local de Maó volvió a aprovechar la celebración de un pleno municipal para expresar nuevamente su malestar con los reajustes económicos que el equipo de gobierno pretende aplicar a la plantilla.
Minutos después de iniciarse la sesión plenaria, una treintena de agentes de paisano, la mayoría de Maó, se concentraron frente a las puertas de la Casa Consistorial en una sonora protesta. Posteriormente, en silencio, entraron en el salón de plenos, donde permanecieron de pie unos diez minutos, para después retomar la pitada frente a la cercana sede de la Policía Local.
Los agentes aseguran sentirse engañados. Carol Febrer, presidenta de la junta de personal del Ayuntamiento de Maó, explicó que cuando el PP asumió el gobierno local prometió respetar el pacto firmado en junio de 2009, un acuerdo que, según Febrer, los 'populares' apoyaron cuando estaba en la oposición y que, en cambio ahora, quieren modificar. Dicho pacto contemplaba una reclasificación de los niveles de la Policía que incluía una subida de sueldo.
Febrer afirmó que, según la propuesta del equipo de gobierno, cada agente puede ver reducida su nómina en 524 euros como máximo. "De momento seguimos negociando pero ya nos han dicho que si no hay acuerdo, el 1 de enero aplicarán la propuesta que nos han presentado", comentó la representante sindical, mientras los agentes seguían la sonora pitada.
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