Acaba de cumplir 70 años y el Boletín Oficial del Estado recogió el pasado diciembre su jubilación forzosa, pero Francisco Bosch Barber no está dispuesto, aunque la edad legal lo mande, a abandonar la carrera judicial.
El juez menorquín ha llegado a su retiro profesional ejerciendo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, pero animado por el presidente del mismo, Francisco Vieira, afirmó ayer que ha solicitado su nombramiento como magistrado emérito, aunque sin perder de vista "la posibilidad de volver a la Isla", en la que ejerció como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Maó.
Bosch Barber ejerció asimismo en juzgados y tribunales de Palma, Tarragona, Barcelona y, los últimos años en Madrid, donde estuvo destinado en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de la Audiencia Nacional, además de formar parte, en dos ocasiones, del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es desde esta dilatada experiencia que el magistrado afirma que la criticada lentitud de la justicia se debe a que "el número de entradas de asuntos, en relación a los que se pueden resolver, es terrible".
Saturación
Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid tienen "una media de entrada de entre 1.500 y 2.000 asuntos", señaló, "no es posible hacer 50 juicios en una semana" y son dichas circunstancias de falta de medios las que ponen a prueba, añadió, "la efectividad del sistema".
Según Bosch, en sus años dedicados al Servicio de Inspección del CGPJ pudo comprobar que "los profesionales que se dedican a la justicia funcionan, en general, muy bien, y trabajan a destajo". En este sentido aseguró que la carga de trabajo en el sistema judicial español es "de las más elevadas de Europa", más que en países como Francia, Italia o Bulgaria, en los que el juez menorquín ha desarrollado su experiencia profesional.
"En mi sección somos cinco jueces y emitimos de ocho a nueve sentencias a la semana cada uno", aseveró Bosch. En dicho contexto, el magistrado consideró que la justicia no es un sector que "necesita precisamente" los recortes que prepara el Gobierno en todos los ámbitos, porque sería "abocarla al colapso".
El veterano juez no dudó, sin embargo, de que la tijera llegará a los juzgados y tribunales -cuyos trabajadores públicos ya vieron reducido su salario el año pasado-, con la supresión de la convocatoria de oposiciones.
Francisco Bosch ha ejercido en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, que se centra en cuestiones como reclamaciones a la Administración pública, la gestión y la disciplina urbanística, las sanciones de las administraciones locales, las expropiaciones o temas impositivos y de extranjería, todos ellos remitidos para la evaluación a cargo del Tribunal Superior por los juzgados, salvo en el caso de los litigios sobre marcas y patentes, un procedimiento que llega directamente al TSJ y que es "complicado y minucioso", señaló.
En cuanto a la corrupción, Bosch se mostró prudente al opinar sobre la última imputación derivada de la investigación del caso Palma Arena y que ha sorprendido a la sociedad española, la del duque de Palma, Iñaki Urdangarín. "No puedo opinar porque no conozco el caso y es algo delicado, aunque sí puedo decir que, visto desde fuera, resulta impactante, pero también lo es que el juez Baltasar Garzón declare ante el Tribunal Supremo y los múltiples casos de corrupción que se han producido en Mallorca y en Valencia".
El magistrado menorquín añadió no obstante, en relación al caso Urdangarín, que "la igualdad ante la justicia es un principio constitucional y no veo otra opción, se trata de principios fundamentales, pero también lo es la presunción de inocencia, y muchas veces los medios de comunicación no lo tienen en cuenta", afirmó.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.