Llamada a la movilización social por la sanidad pública

Una manifestación que se transformó en asamblea en la que los asistentes compartieron su preocupación por las medidas que han comenzado a aplicarse en Balears y en otras autonomías -el pago de 10 euros por la tarjeta sanitaria la más reciente-, y que suponen un avance hacia la privatización, según denunciaron los miembros de la plataforma Prou Retallades y del Movimiento 15-M.

Una cifra de manifestantes significativa para Maó, si se tiene en cuenta que las entidades sociales ATTAC, Democracia Real Ya y el 15-M reunieron unas 700 personas en la ciudad de Palma, pero reducida si se tiene en cuenta el objetivo final: movilizar a la ciudadanía para conservar un sistema de salud pública cuyo deterioro han padecido de manera directa los menorquines.

Basta recordar que la deuda sanitaria del Govern con las agencias de viajes obligó a muchos enfermos de la Isla a adelantarse el pago de los billetes para recibir tratamiento en Mallorca, y alguno tuvieron que renunciar, por motivos económicos, a consultas con los especialistas, tal y como denunciaron las asociaciones de afectados y sus familias.

"Ahora somos pocos pero hay que ir sembrando, y es necesaria la unidad entre los usuarios de la sanidad y los trabajadores", afirmó ante la asamblea un veterano de la política local, el que fuera dirigente de Izquierda Unida en Maó, Antonio Casero. Su llamada a la desobediencia civil y a que los ciudadanos se nieguen a pagar por la tarjeta sanitaria arrancó los aplausos de los concentrados, entre ellos médicos y otros trabajadores de la sanidad menorquina, el exgerente del IB-Salut, Antoni Gómez Arbona, y otras caras conocidas de la política insular.

Así, el expresidente del Consell, Marc Pons, y otros miembros del PSOE y también de Esquerra de Menorca se mezclaron ayer con 'indignados' y sindicalistas, como el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ramon Carreras, quien acusó al Ejecutivo balear de haber renunciado al cobro del Impuesto sobre el Patrimonio "que hubiera supuesto el ingreso de 23 millones de euros que se podían destinar a la sanidad", y en su lugar "aplica un impuesto terrorista de 10 euros para poder ejercer el derecho a renovar la tarjeta sanitaria".

El destino de los 10 euros que cada usuario deberá desembolsar para tener la tarjeta fue otra de las cuestiones que se planteó en esta concentración asamblearia celebrada en Maó, aunque la respuesta no ofreció dudas para los asistentes. "Irá a una empresa privada", afirmó con rotundidad una de las facultativas presente en la protesta "y esto es sólo el comienzo".

El copago sanitario puede ser el siguiente paso, aseguraron los manifestantes. Ángel Torres, del Movimiento 15-M, recordó que el actual sistema de salud es "un bien común logrado por generaciones anteriores, todo lo que nos quiten será imposible de recuperar".

La sanidad, privatizada y convertida en negocio, "arruina" a los ciudadanos -aseguró Manolo Lora, durante la lectura del manifiesto de las entidades-, "sobre todo a los ancianos y a la gente trabajadora". En un sistema sanitario privado, recalcó, los enfermos crónicos son desatendidos, los que no tienen seguro o están infraasegurados viven menos y con peor salud, y la desigualdad entre clases sociales, nacionalidades y etnias aumenta.