No todo el pescado está vendido en el caso Cesgarden. Tal como ha ido informando este periódico, el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso que el Consell había presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que le obligaba a indemnizar a la promotora después que el Plan Territorial Insular (PTI) alterara sus expectativas urbanísticas en Son Bou. El propio auto del Tribunal Supremo afirma que la decisión es firme, lo que a priori implica que no hay recurso posible y que la sentencia recurrida es ya definitiva. Así, en su parte final, el auto dice, al declarar la inadmisión del recurso del Consell, que "la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Balears se declara firme". No obstante, una nueva versión de los hechos cambia sustancialmente el guión, y aporta una luz de esperanza para el Consell.
El responsable de este cambio en el guión es precisamente el abogado que encabeza el despacho que ha defendido a la institución insular en los contenciosos contra el PTI. Luciano Parejo Alfonso afirma que aún queda recorrido en los juzgados antes de dar por perdido este caso. Cabe recordar que el motivo por el cual el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso del Consell es un defecto en la presentación del propio recurso, es decir, los magistrados no entraron a valorar el fondo de la cuestión planteada por el Consell, sino que se quedaron con defectos procesales que arguyeron para no analizar más a fondo el tema. Según Parejo, "ésta es un decisión bastante discutible". El letrado defiende que "se ha realizado una interpretación demasiado restrictiva de las condiciones de admisibilidad de un recurso", lo que él mismo explica como una estrategia de los principales organismos judiciales del Estado (Supremo y Constitucional) para reducir su carga de trabajo debido a la gran acumulación de casos aún por resolver.
Así, el abogado -uno de los más reputados a nivel español en derecho administrativo, y que hasta ahora acumulaba un gran número de sentencias favorables a los intereses del Consell- afirma que "en el curso normal de los acontecimientos, el Tribunal Supremo sería la última instancia y sería el fin del proceso, pero en este caso cabe la presentación de un recurso de nulidad ante el propio Supremo, para que deje sin efecto la última decisión judicial". Esta es la opinión de Parejo, pero el letrado aclara que hasta ahora no ha recibido ninguna instrucción por parte del Consell, y que resta a la espera de las directrices de la institución insular para actuar en uno u otro sentido. Ayer, este periódico recogía las declaraciones del presidente del Consell y del conseller de Ordenación del Territorio, Santiago Tadeo y Cristóbal Huguet, que dejaban en manos de los servicios jurídicos del Consell la decisión sobre los pasos a seguir a partir de ahora. En este sentido, Luciano Parejo apunta también a otra vía posible, la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero este paso sería posterior, apunta el letrado, a la demanda de la nulidad del auto del Tribunal Supremo.
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