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El decreto del Govern balear para la Ordenación Urbanística Sostenible puede cambiar muchas cosas en la Isla. Una de ellas, la situación de los núcleos de 'hortals', especialmente en Ciutadella, municipio donde este tema está más enquistado y en el que existen más hortales ilegales. Para el equipo de gobierno del PP, el decreto en sí ya ha modificado un aspecto fundamental, como es la superfície máxima de las viviendas que pueden legalizarse en estos núcleos.

El Plan Territorial Insular fija el límite en 90 metros cuadrados, superficie que superan un gran porcentaje de las construcciones ya levantadas, algunas además por un amplio margen. En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Ramon Sampol, asegura que "las limitaciones que marca el PTI quedan obviadas tras el decreto del Govern balear, y ya no estamos obligados a adaptarnos al límite de los 90 metros cuadrados". Es decir, a partir de ahora ya no solo son legalizables las construcciones de menos de 90 metros cuadrados, sino que las que exceden esta superficie también podrán regularizarse.

¿Dónde va a estar ahora el límite? De momento, no se sabe, asegura Sampol. El portavoz del equipo de gobierno, que a su vez es también concejal de Urbanismo, quiere realizar un estudio núcleo por núcleo, para determinar las dimensiones de las diferentes construcciones, y a partir de ahí decidir cuál va a ser la superficie máxima de las casetas que se van a legalizar. "Nuestro objetivo es que se puedan legalizar el máximo de viviendas posibles. Si hacemos una regularización, queremos hacerla bien, y como mínimo debería permitir legalizar el 80 por cien de las construcciones existentes", explica.

En este sentido, cabe recordar que en el año 2007, el PP y UPCM votaron a favor en el Ayuntamiento una propuesta instando al Consell a permitir la legalización de construcciones existentes en cada parcela de los hortales hasta una edificabilidad máxima de 150 metros cuadrados. Ahora, Sampol no quiere fijar una superfície concreta hasta conocer la realidad de cada núcleo.

A pesar de esta puerta abierta a una regularización en gran escala, Sampol se apresura en recordar que "mientras los hortales no están legalizados, hay que tener claro que sus propietarios son unos infractores, y deben atenerse a las consecuencias de este hecho".

Así, asegura que todos aquellos expedientes urbanísticos abiertos a día de hoy por edificaciones irregulares en los hortales seguirán su curso, "y sus propietarios deberán hacer frente a la sanción correspondiente". El concejal de Urbanismo explica que "los que se podrían salvar serían aquellos en los que la irregularidad ya haya prescrito por el paso del tiempo, o aquellos que no hayan sido detectados por el Ayuntamiento".

De todos modos, el teniente de alcalde apunta que quienes en su día no pasaron por los trámites oportunos, deberán hacerlo ahora si su 'hortal' es susceptible de ser legalizado. "La regularización no supone un borrón y cuenta nueva. Los que puedan regularizar su construcción tendrán derecho a solicitar la licencia que en su día ni solicitaron ni pagaron. También se les exigirán los proyectos correspondientes y los planos. Si no fuera así, estaríamos realizando un agravio comparativo muy grande ante aquellos que sí solicitaron y pagaron sus permisos, o ante aquellos que escogieron comprar un solar urbano, mucho más caro, y pagar las licencias frente a los que adoptaron la vía directa y construyeron sin permiso alguno lo mismo que estos ciudadanos que actuaron conforme a la normativa vigente".