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La Conselleria de Bienestar Social y Juventud ha iniciado un proceso de cambio en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia -la antigua casa de la infancia en Maó-, con el que se pretende pasar de un modelo "restrictivo a otro formativo" y rediseñar el servicio para "situarlo dentro de parámetros educativos". Así lo explicó ayer la consellera Aurora Herráiz, al conocer este diario que el Consell ha prescindido de los cuatro guardas de seguridad que hasta ahora trabajaban en el centro y ejercían labores de vigilancia y de control de las entradas y salidas de los jóvenes que viven en la residencia.

La Conselleria mantenía un contrato con la empresa de seguridad Trablisa que expiró el pasado enero y que fue prorrogado hasta este mes. Los guardas han sido sustituidos por celadores, procedentes de la bolsa de trabajo del Consell, que ejercen, según Herráiz, la misma tarea de control en los accesos del centro. La titular de Bienestar Social y Juventud señaló que la decisión del Consell cuenta con el beneplácito de los educadores del Centro de Atención a la Infancia porque la presencia de guardas de seguridad "no resulta pedagógica y resta autoridad a los monitores, no se puede educar con la policía detrás", subrayó.

La rescisión del contrato con la empresa de vigilancia y seguridad se enmarca en un plan de acción más amplio para el centro de menores, "un cambio que se necesita", declaró Aurora Herráiz, y que incluye el análisis de un especialista en la formación de equipos de trabajo infantiles quien, aseguró, vive desde hace dos meses en el centro para analizar qué mejoras se pueden introducir ya que, añadió la consellera, arrastra "muchísimas deficiencias y ha estado aletargado en cuanto a los procesos de educación, estamos en un proceso de trabajar todos juntos".

De este modo, Herráiz rechazó que la finalización del contrato con la empresa de seguridad se deba a cuestiones económicas, dadas las dificultades de tesorería que atraviesa el Consell, sino en que insistió en que el motivo es un cambio de concepto en la atención a los menores que, añadió, "son niños que son el reflejo de una sociedad decadente, no hay que culpabilizarlos".

Y es que los menores que llegan al centro y se encuentran bajo la tutela del Consell proceden de familias desestructuradas y tienen dificultades en la convivencia diaria. No es algo nuevo en este tipo de residencias, y en el caso de Maó la situación es también "complicada", reconoció Herráiz, quien pese a ello mantiene la necesidad de apostar por un modelo "educativo y no represivo".

No obstante, las manifestaciones de la consellera se producen en un momento en el que surgen críticas hacia este servicio. Un extrabajador, que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó al "Menorca" que en el interior de la casa se han producido insultos y agresiones a los educadores y a los propios guardas de seguridad, que en última instancia recurren a la Policía Nacional para poner orden.

Además, este guarda de seguridad aseguró que en el inmueble se han producido serios desperfectos, en las puertas, cristaleras y los marcos de las ventanas, y que debido al recorte de gastos que padece la Administración sólo hay un técnico, compartido con la residencia de ancianos, para encargarse de todas las reparaciones.