El panorama político parece definitivamente propicio para que las administraciones fijen las bases que permitan la legalización de la mayoría de los "hortals" de Ciutadella. Los políticos fijarán las condiciones que posibiliten a estas construcciones pasar a ser legales, pero el paso definitivo para hacerlo dependerá de cada propietario. Ahora bien, desde el Ayuntamiento de Ciutadella tienen claro que aquellos que no quieran o no puedan asumir lo que costará legalizar su "hortal", se verán obligados a demolerlo.
El proceso para legalizar los "hortals" tiene un primer estadio claramente político y administrativo. Las administraciones deben definir qué es legalizable y qué no. A día de hoy, y con el PTI en vigor, solamente las edificaciones de menos de 90 metros cuadrados pueden beneficiarse de este proceso, pero el PP ya ha avanzado su intención de aumentar este umbral. Cuando el proceso político haya terminado, comenzará el turno de los propietarios, primero agrupados y después de manera individual. Agrupados, cada comunidad de "hortals" deberá redactar y costear el proyecto de urbanización de la zona de acuerdo a los requisitos que haya fijado la administración competente. Después, a título individual, cada propietario deberá asumir y pagar la legalización de su propia vivienda.
Estos dos procesos significan que, si bien los propietarios tendrán sus hortales legales, deberán afrontar un desembolso económico notable. Dotar de alcantarillado, caminos, iluminación y otros servicios a los núcleos tendrá un coste que deberá ser repartido entre los propietarios. Y luego están los planos, proyectos técnicos y licencias que deberá pagar cada propietario a título individual por su edificación. Fuentes consultadas por este periódico fijan en unos 13.000 euros el coste de este último proceso. Ante esta cifra, que no incluye los costes de urbanización, algunas voces advierten que algunos propietarios o no podrán o no querrán hacer frente a un desembolso similar.
Si esto pasa, el Ayuntamiento tiene claro que al final, el "hortal" en cuestión acabará en el suelo. Así lo asegura el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Sampol, quien advierte que "quien tiene una edificación ilegal tiene a su vez abierto un expediente de disciplina urbanística, y estos expedientes solamente se pueden cerrar en dos supuestos, que se legalice la ilegalidad, o que el edificio que la vulneraba sea demolido". Además, Sampol asegura que, en caso de no querer asumir los costes de la legalización, la demolición de las casetas deberán pagarla los propietarios. "En caso de que alguien no quiera derribar su construcción ilegal, el Consistorio tiene dos caminos. El primero, ejecutar la demolición de oficio y después pasar la factura al propietario, o ir poniendo multas a quienes no asuman ellos mismos esta obligación, multas de cuantía suficiente que seguro que hacen cambiar de idea a los propietarios". Estas sanciones económicas, advierte Sampol, se impondrían mes a mes, y su cuantía puede alcanzar el valor de la edificación irregular. "Espero no tener muchos casos así", aclara el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno.
De momento, el equipo de gobierno ya se ha puesto en marcha para realizar un inventario de los hortales de Ciutadella y las dimensiones de sus construcciones. Así, la pasada semana se realizó un vuelo en avioneta para fotografiar desde el aire todo el municipio, y así poder tener una instantánea del estado actual de las construcciones. A partir de aquí, se determinará cuál es la superficie máxima que pueden alcanzar las edificaciones que podrán acogerse a la legalización.
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