Sesiones. Se emitirán si es viable técnica y económicamente - Archivo

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El equipo de gobierno en el Consell está valorando la posibilidad de retransmitir por internet y en directo las sesiones plenarias de la institución, con el objetivo de aumentar la transparencia de la actividad gestora y fortalecer así la democracia.

En estos momentos se están estudiando las posibilidades no sólo técnicas y económicas, sino también jurídicas para asegurarse de que no existe ningún impedimento legal, relacionado con la protección de datos.

Esta misma semana, la Dirección Insular de Comunicación ha mantenido una reunión con responsables del Arxiu d'Imatge i So, organismo dependiente de la Conselleria de Cultura, Patrimonio y Educación, con el fin de estudiar las necesidades técnicas y presupuestarias para emitir los plenos por internet.

La intención del equipo de gobierno es que las sesiones plenarias puedan seguirse en directo pero también en diferido, una vez colgadas en la web institucional las grabaciones. Según indica la consellera de Servicios Generales, Trabajo e Innovación, Pilar Pons, "queremos que cualquier persona con conexión a internet pueda conocer por sí misma y sin ningún tipo de intermediario lo que se debate y acuerda en los plenos insulares". Así, "nuestra voluntad es que con este proyecto se aumente la transparencia de la actividad del Consell y, con ello, fortalecer la democracia", añadió la consellera.

PSM
Por otro lado, desde el equipo de gobierno señalan que la portavoz del PSM, Maite Salord, solicitó "la autorización para la instalación de una cámara de vídeo digital para la grabación de los debates que puedan ser de interés para nuestro partido". Una petición a la que el Consell ha accedido siempre que sea "para uso interno de vuestro partido y entendiendo que se haría un uso responsable de las imágenes grabadas". Una respuesta con la que se adjuntó, señalan desde la institución insular, el informe fechado el 24 de marzo de 2009 del Centro de Documentación Municipal de la Comunidad Autónoma, además de dos dictámenes de la Agencia Catalana de Protección de Datos de 2009 y 2010.