El equipo de gobierno de Ciutadella lamenta que la oposición no apoyara su plan de ajuste económico presentado en el último pleno. "Al no haberse aprobado, no tendremos acceso al crédito, pero seguramente se pagarán las facturas a los proveedores y el Ministerio de Economía podrá imponer al Ayuntamiento el plan de ajuste que considere conveniente", señala el portavoz municipal, Ramon Sampol, en un comunicado.
"Entendemos que a los partidos de la oposición no les guste el mantenimiento del recargo del IBI, a este equipo de gobierno, tampoco, pero no se puede plantear una propuesta sin plantear una alternativa. PSOE, PSM y UPCM no plantearon ninguna". El equipo de gobierno del PP asegura que la situación económica municipal "es muy delicada y conocida por la oposición". En este punto, afirma que "viene arrastrándose desde hace años" y reconoce que todos los partidos que han gobernado son responsables, incluido el PP.
El portavoz avanza que el recorte del capítulo de gastos para 2012 "no se puede aumentar más", aunque anuncia que "en algunos servicios que empresas externas prestan al Ayuntamiento, al vencer su contrato durante este año, se modificará el pliego de condiciones de forma que se puedan lograr rebajas en su adjudicación". Añade que "pese a los problemas de financiación, es nuestra voluntad mantener las aportaciones a servicios sociales, como Geriátrico y 'escoletes'".
Por su parte, el PSOE justifica su voto contrario al plan de ajuste con el argumento de que "no podemos estar a favor de que el pueblo pague la mala política económica llevada a cabo por anteriores gobiernos del PP". Los socialistas rechazan que "ahora quieran volver a incrementar el IBI, cuando en el pleno del 25 de octubre de 2007 ya se aprobó el aumento de este impuesto en un 40 por ciento, y pese a existir ingresos extraordinarios importantes, el PP refinanció la deuda, con dos años de carencia, cuando se podía amortizar una parte sin ningún problema".
El PSOE valora "positivamente" el propósito de facilitar el pago de la deuda a los ayuntamientos con sus proveedores, "pese a que el Real Decreto Ley del Gobierno de Rajoy no regula cómo pagar a los proveedores, a la vez que fuerza la aprobación de un plan de ajuste".
La portavoz socialista, Pilar Carbonero, dice que "debería priorizase el pago a empresas que prestan servicios públicos esenciales y, con este decreto, quedan excluidas las entidades sociales que prestan muchos de estos servicios". Además, apunta que las personas que no cobran las ayudas por dependencia o prestaciones sociales "son las grandes olvidadas". Frente a los recortes, Carbonero aboga por una gestión pública eficiente.
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