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La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (FEDADI) ha celebrado en Madrid, entre el 3 y el 5 de mayo, su XXV Congreso, en el cual han reiterado su desacuerdo con los recortes del Gobierno en materia educativa, por los perjuicios que puede provocar en un sistema en el que se fundamenta el futuro del país.

La FEDADI recuerda que la Constitución Española encomienda a los poderes públicos que garanticen el derecho a la educación de todos los ciudadanos, declarando obligatoria y gratuita la enseñanza básica. No obstante, las medidas aprobadas por algunas administraciones públicas para superar la crisis no son más que "una cadena de decisiones" que están "generando gran inquietud en la comunidad educativa, máxime cuando hasta el propio ministro de Educación (...) reconoce que "se están atravesando líneas rojas".

El representante menorquín en estos encuentros es el presidente de la Associació de Directors d'Ensenyament de Secundària de Menorca (ADESME), Rafel Andreu, quien es bastante pesimista en cuanto a la posibilidad de marcha atrás de, en este caso, el Govern balear. Para Andreu es muy preocupante que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril recoja que no habrá sustituciones para profesores al menos hasta el décimo día de ausencia, puesto que esto significará que "los alumnos estarán diez días con un profesor sustituto no especializado en la misma materia, por lo cual perderán días de clase". Igualmente, el representante insular considera nada adecuado el incremento de un 20 por ciento de las horas lectivas para el profesorado, lo cual implicará incrementos en el número de grupos por docente, en el de alumnos a su cargo y en el número de alumnos por aula. Y a su vez, "harán falta entre 8 y 10 profesores menos por instituto", afirma Andreu.

El presidente de ADESME considera que el incremento de horas lectivas para los docentes supondrá el consiguiente descenso de tiempo para otras tareas, tales como reuniones con los padres, con el claustro de profesores o para la preparación de las clases o la corrección de trabajos y exámenes. "Las condiciones de trabajo que se establecen son muy perjudiciales para la educación", afirma Andreu, algo que va en contra de lo que establece la Constitución. "Si esto no es perder calidad educativa que baje Dios y lo vea", resumió el directivo.