El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denuncia que el proyecto básico del varadero del Cós Nou presentado por la empresa Pedro's Boat Centre no sólo afecta una zona protegida por la Red Natura 2000, sino que las instalaciones previstas se encuentran en un espacio con riesgo de inundaciones y de contaminación de la zona de mantenimiento.
Estas son algunas de las alegaciones presentadas por el grupo ecologista ante Autoridad Portuaria de Balears (APB) y que actualmente están en fase de estudio. Fuentes de APB, confirmaron al 'Menorca' que el ente gestor del puerto de Maó tiene en estos momentos sobre la mesa "varias alegaciones" al proyecto del varadero, pertenecientes a distintas entidades, sin concretar nombres.
Y mientras continúa la fase de tramitación y estudio, el sector náutico de la Isla muestra su preocupación por el retraso acumulado en la adjudicación definitiva de la gestión de este espacio que aseguran debía haberse otorgado esta misma primavera.
Hay que recordar que en noviembre de 2011 el Consejo de Administración de APB aprobó conceder la explotación del varadero -una superficie de 36.781 metros cuadrados- durante 23 años al empresario menorquín Pedro Nicolás Pons Cardona. El nuevo gestor deberá realizar una inversión de 8,6 millones y el pago de un canon anual de 450.000 euros. Sin embargo, la fase de alegaciones y de las negociaciones abiertas con el empresario siguen abiertas.
"Tenemos que estudiar y contestar las alegaciones. También ha de acabar de perfilar el proyecto básico con la empresa porque la situación económica ha cambiado y pueden modificarse algunos aspectos", justificaron fuentes de APB quienes además calificaron de "falsa" la posibilidad de que el empresario renuncie al proyecto tras reiterar "su interés y motivación" en sacarlo adelante.
Trabajos en nave cerrada
En sus alegaciones el GOB recuerda que el proyecto incorpora la previsión de hormigonar el espacio que se encuentra entre el torrente y la actual carretera para destinarlo a explanada de embarcaciones. En cambio, advierte, que en la documentación presentada se obvia citar que estos terrenos están declarados a la vez LIC y ZEPA (Lugares de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves, respectivamente).
El grupo ecologista resalta "la incompatibilidad legal" que se abre respecto a las actuaciones previstas. De hecho, ésta es una de las causas que ha paralizado la adjudicación y que el Consell, titular de las competencias en Ordenación del Territorio, debe resolver.
El GOB también advierte del riesgo de inundación de la zona al situarse en la desembocadura de un torrente, así como del peligro de contaminación de las actividades por el uso de pinturas, aceites y disolventes, al no contener el "ningún sistema de control". Asegura que el sistema de canaletas y decantación propuesto en caso de lluvias fuertes no sería suficiente, y aboga porque los trabajos de mantenimiento se realicen "dentro de una nave cerrada".
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