Pleno. Las formaciones lideradas por Lluís Camps e Irene Coll no votaron en el mismo sentido - Gemma Andreu

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El Ayuntamiento de Es Castell instará al Ministerio de Fomento y al Govern balear a la aprobación de una nueva declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), que contemple una tarifa plana y universal de 30 euros para los vuelos entre islas, después de que UMe contase con el apoyo de la oposición para aprobar la moción, mientras que el PP votó en contra.

La ruptura del voto del equipo de gobierno también se materializó con la propuesta de PSOE, PSM Y EU-EM sobre la defensa del catalán, que contó con el apoyo de UMe y el rechazo del PP.

La portavoz de UMe, Irene Coll, señaló que los vuelos interinsulares "son uno de los problemas más graves de los ciudadanos de Balears", por lo que, conjuntamente con Nou Partit d'Eivissa, Convergència per les Illes y Lliga Regionalista, habían decidido presentar una moción en los municipios con representación para pedir una nueva declaración de OSP.

Su socio de gobierno, el PP, por boca del primer teniente de alcalde Jaime Fedelich, mostró su acuerdo con la tarifa plana de 30 euros, aunque expresó sus discrepancias con "el procedimiento para alcanzar un transporte aéreo digno y a un precio razonable".

Por su parte, los tres partidos de la oposición apoyaron la moción, al proponer una mejora de la situación actual.

Por otra parte, el concejal del PSM, Amador Marí, defendió la moción presentada por la oposición municipal, en la que se insta al Govern a que derogue las leyes aprobadas en el último semestre en relación a la Función Pública y a la educación.

El edil del PP Jaime Fedelich rechazó la moción al considerar que "no sirve para nada" y calificó de demagógica la intervención de Marí, al negar que el Govern hubiera legislado en contra del catalán, "la gente está encantada con que esta lengua sea un mérito y no un requisito, además los padres tienen la opción de elegir la lengua vehicular en los colegios", argumento que fue reiterado por el alcalde.

La moción fue aprobada con el voto de UMe, que subrayó su carácter menorquinista y la defensa de la lengua catalana.