Con mascarillas, un termómetro, unos pañuelos y algunas cajas de medicamentos para el resfriado. Así se presentaron ayer los tres representantes sindicales (Francesc Cardona del STEI-i, Jacqueline Moreno de UGT y Joan Pere de CCOO), miembros en Menorca de la Junta de Personal Docente no Universitario de las Balears, en la delegación territorial de Educación, donde registraron una queja formal y una solicitud de reunión urgente con carácter negociador para solicitar que se aplique a los docentes la misma normativa que se asigna a los alumnos (no asistencia al centro por riesgo de contagio) en materia de salubridad, sin ninguna penalización económica.
Sus reivindicaciones son claras. Y es que "la normativa sobre la incapacidad temporal y las actuales circunstancias económicas obligarán a los docentes a ir a trabajar enfermos", señalan, puesto que un docente que padezca una enfermedad común ingresará, del primer al tercer día de baja, una retribución del 50 por ciento, siempre que presente un certificado o justificación médica. En caso de no presentarlo, no cobrará la jornada durante la que ha estado de baja. En este supuesto, antes de la aplicación de la nueva normativa, los docentes no veían reducida la retribución.
Del día cuatro al veinte cobrará el 75 por ciento mientras que desde la jornada veinte de enfermedad común hasta la noventa, será retribuido totalmente. Por otra parte, consideran un agravio comparativo que se diferencie "riesgo durante el embarazo", que será contemplado como una excepción y que, por lo tanto cobrará el cien por cien de la jornada laboral, y "embarazo de riesgo" en la que se aplicarán los mismos baremos retributivos que en cualquier contingencia común.
Los tres representantes sindicales tocaron a la puerta del delegado de Educación, Julián Hernández, a pesar de no tener cita, y con la frase "sí que nos recibirá, Hernández no tiene ninguna culpa, y no se esconde", en palabras del representante del STEI-i, Francesc Cardona. Y no se equivocó. La reunión no pudo ser más distendida y comprensible por ambas partes.
Los sindicalistas exigen que se multe y expulse a aquel que hace un mal uso de la función pública pero que "no se haga pagar al justo por el pecador". Hernández asintió y les dio la razón aunque matizó que la normativa ha sido revisada para "atajar los abusos".
Para el delegado territorial, el número de docentes que hacían estas prácticas "no era tan pequeño como se cree", e informó que la aplicación de la norma ha surtido efecto en este sentido, un aspecto que se puede comprobar con el "número de profesores de guardia que hacen o no sustituciones".
También coincidieron en que un inspector médico para unos 15.000 docentes en todo Balears es "insuficiente" e "incoherente". Esta figura debe ser la encargada de controlar las bajas y dar un toque de atención a aquellos que hacen un uso poco legal de las mismas. Hernández fue aun más lejos. Y es que, considera que "el sistema educativo es mejorable, el problema de la enseñanza recae en que quien hace las normas no consulta a las personas de 'a pie', las que trabajan cada día con los alumnos".
Contestación al PSM
Por otra parte, Hernández, quiso declarar respecto a la carta publicada por el PSM sobre la falta de planificación y la desinformación a las familias de Sant Climent sobre el traslado de sus hijos al nuevo centro que "los padres conocían desde febrero, cuando se celebró una reunión, donde iban a ser trasladados sus hijos".
Julián Hernández informó a su vez que las obras del instituto Pasqual Calbó i Caldés ya han empezado.
Por otra parte, los miembros de la Plataforma en Defensa de l'Escola Pública recuerdan las manifestaciones de cada miércoles exhibiendo las camisetas verdes. Y animan a la comunidad educativa a unirse a las acciones dirigidas a impedir que los "hijos padezcan las consecuencias de los recortes".
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