Si hace unos días los constructores solicitaban al Consell mayor margen de actuación en suelo rústico, ahora los arquitectos se suman a esta petición, pero en su caso, la dirigen directamente a los ayuntamientos.
El presidente del Colegido de Arquitectos de Menorca, Miguel Sintes, tiene previsto iniciar esta misma semana una ronda de contactos con los responsables municipales de los ocho consistorios de la Isla. Su objetivo es solicitar a los alcaldes que lideren de forma decidida y urgente la regularización de hortales y asentamientos rurales existentes en Menorca para dinamizar el sector de la construcción y generar actividad económica.
En Menorca se calcula existen en total unas 38 parcelaciones en rústico. Solo en Ciudadela se han identificado 15 núcleos de hortales y desde hace décadas están pendientes de regularización. De momento, este ayuntamiento anunció que obligará a demoler los hortales que no se legalicen. Esta localidad, junto con la de Maó, serán las primeras que el presidente de los arquitectos piensa visitar.
Sintes afirma que el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible aprobado por el Govern hace meses otorga facultad directa a los ayuntamientos para que puedan equipar a los núcleos de hortales -que pasan a denominarse asentamientos rurales-, con servicios equivalentes al suelo urbano.
"El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, insiste en que la legalización de los hortales es una cuestión que depende ya de los ayuntamientos y éste es un importante campo para que puedan empezar a trabajar pequeñas empresas y se genere actividad económica en la Isla", explica.
Cansado de excusas
El presidente de los arquitectos menorquines se queja amargamente de que a pesar de que el nuevo decreto abre la vía para legalizar estos núcleos rurales, algunos ayuntamientos ponen "excusas" a la hora de avanzar en esta materia. "Algunos nos cuentan que para tomar esta medida todos los ayuntamientos deberían ir juntos, pero ya no se puede esperar más tiempo. Si legalizar los hortales depende de los ayuntamientos, mi obligación es apretarles para cambiar la actual dinámica, porque los plazos se alargan y el sector agoniza. El Consell debería hacer lo mismo", asevera.
Miguel Sintes admite que en la actualidad es harto difícil que en la Isla se construya obra nueva, pero en su opinión la enferma economía isleña podría comenzar a recuperarse si se trabaja en la dirección indicada a la espera de la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) anunciada por el gobierno insular del PP.
Las recetas de Sintes pasan por la apuntada legalización de hortales y por la rehabilitación y reforma de viviendas en suelo rústico. "Hay propietarios de aquí y de fuera que están interesados en mejorar estas construcciones y este es un buen momento porque los precios del sector son muy económicos", incide.
La Norma Territorial Transitoria que prepara el Consell sería un primer placebo que aportaría seguridad jurídica a la rehabilitación en rústico a la espera de la aprobación de la revisión del planeamiento territorial. El colectivo de arquitectos ligados al sector de la construcción es uno de los que espera con más expectación estos cambios territoriales que prepara el gobierno del PP.
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