Los tribunales han dado la razón a la empresa promotora del complejo turístico en la ribera norte del puerto de Maó, Cala Llonga Properties Development, y han declarado nula la suspensión de las obras decretada en noviembre de 2007 por el Ayuntamiento de Maó, entonces bajo gobierno socialista de Arturo Bagur y con el exalcalde Vicenç Tur como concejal de Urbanismo.
Fuentes solventes confirmaron ayer a este diario que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha fallado la anulación de la paralización de la construcción de la aldea turística, que debía albergar 38 viviendas de lujo, ocho de las cuales ya tenían comprador y sobre las que se habían firmado ya contratos de compra-venta sobre planos.
Esta primera sentencia contra el Ayuntamiento de Maó llega cuando están a punto de cumplirse cinco años desde que se decretara la suspensión de las obras, tras el fracaso de las negociaciones entre promotora y Consistorio para reconducir el proyecto. Tras la paralización, la promotora entró en quiebra, tal y como declaró en diciembre de 2008 su exapoderado, Ignacio Soria, y finalmente la propiedad acabó siendo subastada. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que inició el procedimiento de embargo, se quedó la propiedad del complejo al declararse desierta la subasta celebrada en diciembre de 2009.
El impacto paisajístico del denominado coloquialmente 'mamotreto' sobre el puerto de Maó y las quejas de los vecinos de Cala Llonga fueron los motivos que llevaron al Ayuntamiento a realizar la primera inspección y a revisar la licencia, concedida en 2004 de acuerdo con las previsiones del Plan General vigente.
En un primer momento el gobierno municipal auguró que el proyecto acabaría en un recorte de sus dimensiones, pero la empresa no pudo sobreponerse al perjucio económico. Mientras, la vía judicial continuó su camino y el complejo, deteriorado y abandonado, continúa dominando el paisaje de Cala Llonga.
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