La promotora no descarta acciones de tipo penal

Aunque la sentencia no es firme -matizó-, significa que "se empieza a vislumbrar" la posibilidad de emprender una acción de responsabilidad patrimonial, "aunque no me puedo adelantar", aseguró.

"Me da igual el color del gobierno que había antes o el del que hay ahora, el problema se lo trasladan a los ciudadanos, que son los que pueden tener que pagar este desaguisado", declaró Bernabé Utrera, quien recordó que la empresa promotora sigue a la espera de que el Ayuntamiento responda a su petición de llevar adelante el proyecto.

"Deben decidir si el derecho que solicitamos puede continuar, no pueden callar, todos son responsables en eso, han arruinado a unas cuantas familias", remachó el letrado, quien añadió que sus representados se reservan la posibilidad de emprender acciones penales y exigir responsabilidades "a los políticos y a los técnicos" que intervinieron en la decisión de paralizar las obras.

Según el abogado, la promotora recurrió la denegación por parte del Ayuntamiento de Maó de la licencia solicitada para el proyecto modificado, y ese recurso no ha sido respondido aún. "La prevaricación puede seguir", comentó el letrado, de no existir una respuesta por parte de la Administración.

En cuanto a la posible indemnización a reclamar, Fernando Bernabé avanzó que se pedirá un informe para calcularla, aunque básicamente la cifra incluiría el gasto realizado en la obra inconclusa y el lucro cesante, es decir, lo que se ha dejado de ganar debido a la paralización.

Aclaró el abogado que Cala Llonga Properties no se encuentra técnicamente quebrada, ya que tiene más bienes que obligaciones, ni en concurso de acreedores "porque solo tiene un acreedor y un deudor", afirmó.

No obstante, el proyecto de Maó le ha costado toda su actividad, que ahora "es procesal, no promotora" con el único objetivo, añadió Bernabé, de "buscar al responsable" de la suspensión entre "los tres implicados: la Administración local, los técnicos y la constructora".