El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó teme que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declara nula la suspensión de las obras de Cala Llonga pueda derivar "en el peor de los casos" en la obligación de indemnizar con una cifra millonaria a los promotores del complejo, afirmó ayer la alcaldesa del PP, Águeda Reynés.
Un varapalo para el Consistorio, que ha recibido con preocupación el fallo judicial y se dispone a presentar un recurso cuya argumentación aún no está elaborada, "queda un trabajo muy detallado por hacer, aún no sabemos bien a qué atenernos", admitió la concejala de Urbanismo, Ana Lía Noval, quien sí recalcó que, en su área, "son ya diferentes problemas a los que tenemos que enfrentarnos" fruto, añadió, de los años de gobierno de los partidos de izquierdas.
En rueda de prensa y con semblantes serios, comparecieron ayer la alcaldesa, los tenientes de alcaldía de Servicios Generales y Urbanismo, Salvador Botella y Ana Lía Noval respectivamente, y el responsable del área de Servicios Técnicos, Mateu Aínsa, para dar a conocer una sentencia que califica la actuación municipal, en noviembre de 2007, de temeraria y que carga al Ayuntamiento con el pago de las costas del proceso judicial.
Reynés afirmó que el fallo es consecuencia de "otra de las irresponsabilidades del anterior gobierno encabezado por el señor Vicenç Tur" y que supone "una losa muy pesada que nos ha dejado, no a nosotros, sino a todos los ciudadanos de Maó".
No obstante la actual alcaldesa recordó que el PP no estuvo de acuerdo "nunca con este proyecto" y que las obras, que se pararon por presiones de los vecinos, "deberían haberse parado antes, pero se tenía que haber hecho bien, no como se hizo". Reynés reconoció que el Ayuntamiento ahora mismo desconoce "cuál será el final del proceso, pero puede acabar en una indemnización muy elevada", concluyó.
Inmuebles devaluados
Los miembros del equipo de gobierno explicaron que no existen actualmente contactos con la promotora, Cala Llonga Properties Development, o la constructora del complejo, Sacyr, ya que las conversaciones se rompieron al iniciarse el litigio. Los vecinos sí han seguido interesándose por la situación, afirmó Reynés, "ya que el edificio degrada la zona y hay inmuebles que se han querido vender y han perdido valor en el mercado".
En cuanto al futuro del proyecto y su posible continuidad, tanto Noval como Reynés manifestaron que se desconoce por ahora. La alcaldesa puntualizó que, de seguir adelante, "está claro que no será este proyecto" sino que se intentaría reconducir hacia el concepto inicial, que "era más de viviendas unifamiliares".
En cuanto al perjuicio económico para el Ayuntamiento, Ana Lía Noval declaró que "no sabemos lo que podría reclamar la promotora si va contra el Ayuntamiento, sí sabemos que la constructora reclamaba a la promotora más de 1.700.000 euros".
Preguntada por las responsabilidades, más allá de las políticas, sobre el modo en que se paralizaron las obras, la alcaldesa señaló que "tendremos que valorarlo y tratarlo con los servicios jurídicos, si hubiera que exigir esas responsabilidades, se haría". Noval recordó que el trabajo de control municipal "no se hizo correctamente" desde un principio, ya que según la sentencia, los planos topográficos no se ajustaban a la realidad.
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