El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Maó expresó ayer su preocupación por el negativo y dañino efecto que tendrán en los servicios sociales municipales los recortes planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
El PSOE augura un aumento de la de la marginación en las calles de Maó al depender la partida municipal destinada a servicios sociales de los recursos que aportan otras administraciones como el Govern y el Consell, y de las aportaciones de los usuarios a través de tarifas.
Así, los socialistas vaticinan que estos recortes se traducirán en Maó en una previsible disminución de la calidad de algunos de estos servicios, el desmantelamiento de otros y el incremento de las tasas que deben abonar los usuarios.
"No nos fiamos de las declaraciones de la alcaldesa cuando insiste que los servicios sociales no se tocan", aseveró el regidor socialista, Josep Buñuel, tras recordar los recortes que en este área ya se aplican en el actual ejercicio.
En esta línea, el concejal denunció la reducción registrada este año en la aportación económica del Govern y del Consell para las plazas de la Residencia Geriátrica. "Si en 2011 era de un millón de euros, en 2012 ha sido de 845.000 euros", alertó y expresó su temor de que el próximo año la cifra se reduzca aún más a tenor del fuerte recorte recogido en los Presupuestos Generales del Estado.
Este temor también se extiende a la aportación para prestaciones sociales básicas, un fondo del gobierno central y del Govern que se reparte entre los ayuntamientos y que en ya este año se reducirá, según el PSOE, cerca de un 40 por ciento. "La aportación correspondiente a 2012 aún no se ha pagado", criticó el regidor.
Los socialistas acusan igualmente al PP de reducir las partidas individuales de emergencia social. Buñuel denunció al respecto que el Consell y el Ayuntamiento ni siquiera han renovado aún el convenio existente en esta materia.
También criticó el incremento registrado este año "cercano al 150 por ciento" de tasas que se cobran a los usuarios por el servicio de comida a domicilio y que beneficiaban a 47 familias. "Algunas se han visto obligadas a renunciar", aseveró.
El regidor socialista también denunció que el PP de Maó ha desmantelado el comedor social municipal tras agotar la aportación del Govern y dejado en manos privadas de la Iglesia Evangélica.
También denunció el cierre del banco de alimentos municipal. "La desmantelación del estado de bienestar no solo se realiza desde el Gobierno, sino en todos los ámbitos de la administración", advirtió.
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