La Asociación de Constructores de Menorca denuncia que el ánimo del sector está por los suelos y advierte que la situación es "muy preocupante". La mayoría se han visto obligadas a realizar reducciones de personal, jubilaciones anticipadas e incluso muchas han echado el cierre. Se calcula que desde que comenzó la crisis, un 30 por ciento de las empresas menorquinas del sector han desaparecido. La escena, afirman los constructores, se repite en buena parte de las industrias auxiliares vinculadas al sector.
Por todo ello, los constructores menorquines reclaman la "urgente" necesidad de modificar el Plan Territorial Insular (PTI) y solicitan al Consell la "inmediata" aprobación de la Norma Territorial Transitoria, previa a la anunciada revisión del PTI. El equipo de gobierno del PP defiende que la norma permitirá reducir los plazos de tramitación sin menoscabar las garantías en vigor del PTI y podría ayudar al sector a reactivar la situación.
No obstante, el delegado en Menorca de la Asociación de Constructores en Balears, Francisco Cardona, reconoce que la norma llegará tarde, porque en el mejor de los escenarios no estaría lista hasta el verano de 2013. En su opinión tampoco será "la gallina de los huevos de oro", pero supondrá un balón de oxígeno para un sector prácticamente moribundo.
Los constructores menorquines recuerdan que Menorca es la Isla que se encuentra en peor situación de Balears. Consideran que esta ralentización económica está causada en parte por todas "las restricciones y trabas" con las que han tenido que luchar algunos promotores foráneos y de la propia Isla interesados en invertir en Menorca. Muchos han desistido de ejecutar sus proyectos, denuncian los constructores, en cambio otros han seguido luchando, sin dejar de realizar trámites, estudios y modificaciones.
Sin embargo, los pocos que consiguen llegar al final del camino se dan nuevamente de bruces con la burocracia, con la necesidad de esperar la aprobación de la modificación de una norma territorial aprobada en 2003, modificada en 2006 y que ahora también será revisada.
Los constructores sostienen que la Norma Territorial Transitoria puede aportar seguridad jurídica y clarificar conceptos. Pero los más importante, puede inyectar vida a muchas empresas del sector de las que depende el futuro de un gran número de familias menorquinas. El sector también es consciente de que este impulso debe llegar del PTI, del incremento de las reformas privadas y de más obra pública.
El delegado de la Asociación de Constructores en Baleares insiste en que para que los constructores menorquines tengan trabajos tras la aprobación de la reforma del PTI pasará más de un año. "Las obras han descendido y además han proliferado obras irregulares sin licencias y con trabajadores que cobran el subsidio. Debería haber más control", reclama molesto. Y mientras llegan las soluciones esperadas, el malestar en el sector crece por la competencia desleal y por la falta de implicación de la Administración.
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