El pleno del Ayuntamiento de Maó ratificó ayer, con la abstención del Partido Socialista, el convenio con Masnet Incorts Inversions para pagar el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Balears y que eleva la indemnización a 901.183 euros, más 182.953 euros de intereses legales acumulados y el IVA. Según los cálculos del concejal de Servicios Generales, Salvador Botella, la cuantía total a abonar supera los 1,2 millones.
El acuerdo establece tres cuotas en 2013, dos en 2014 y otras dos en 2015 por lo que el Ayuntamiento consigna una partida de 387.000 euros en los presupuestos del próximo ejercicio para hacer frente al pago de la indemnización. En el segundo año de pago la cuantía a pagar será de 360.000 euros mientras que de cara a 2015 el equipo de gobierno liquidará el precio fijado por el jurado asumiendo los 430.000 euros restantes.
Asimismo, la propiedad autoriza el uso de los terrenos por parte del Ayuntamiento para desarrollar cualquier tipo de actividad una vez firmado el acuerdo. Además, tal y como anunció el primer teniente de alcalde de Servicios Generales, este convenio permitirá ahorrar a las arcas municipales otros 150.000 euros que se habrían acumulado en concepto de intereses.
El portavoz socialista, Vicenç Tur, aplaudió el trabajo de los servicios económicos municipales aunque consideró que a pesar de que la propiedad tiene todo el derecho de exigir lo que le pertenece "podría haber habido otra resolución con una mejor predisposición de la propiedad". Con ello, opinó que los ayuntamientos "deberían de tener mejores armas y mayor fuerza para defender los intereses generales ante quien defiende los particulares y paralizar aquellos procedimientos que favorecen a unos pocos y perjudican a la mayoría de los ciudadanos". Además, aun considerando que la cuantía que debe asumir el Ayuntamiento es elevada, recordó que el suelo adquirido es urbano y edificable por lo que "en épocas mejores el Ayuntamiento podrá efectuar su venta recuperando el dinero que ahora deberá avanzar". Asimismo, Tur reconoció que Plan General de Ordenación Urbana de 1987 incluyó numerosas zonas verdes en núcleos urbanos que ahora "nos damos cuenta que las zonas verdes naturales eran suficientes".
No obstante, recordó que el Ayuntamiento había conseguido en numerosas ocasiones acuerdos previos evitando el avance hacia el Jurado Provincial, mediante convenios urbanísticos o modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico, no obstante, "en un momento de crisis algunos promotores han avanzado en actuaciones no muy correctas que les benefician", lanzaba Tur.
Salvador Botella exigió al socialista que "deje de demonizar a los promotores" y que "no intente suavizar la gravedad de la situación, fruto de la gestión de su gobierno o del anterior", haciendo creer que el equipo de gobierno "ha hecho el negocio de su vida" con la adquisición de estos terrenos.
Cabe recordar que el conflicto urbanístico se refiere a la prolongación de la calle Infanta hasta el vial de Ferrer Aledo, además de contemplar una zona verde y dos bloques de pisos.
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