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Autoridad Portuaria de Balears ha reclamado algo más de un millón de euros por vía ejecutiva, a través de Hacienda, a Trapsa Yates, la empresa que perteneció a Gerardo Díaz Ferrán, detenido en la Operación Crucero, y Gonzalo Pascual, y que ahora está integrada en el grupo Possibilitum, propiedad de Ángel de Cabo, también detenido. En el mes de marzo reclamó 592.000 euros por el impago del canon, de los que todavía quedan pendientes de abonar alrededor de 100.000. Ahora se ha iniciado el trámite por vía ejecutiva de otros 450.000 euros, correspondientes al último semestre.

Trapsa Yates, sin embargo, está cumpliendo con el pago de la deuda aplazada, desde principios de 2011, con el abono de 30.000 euros mensuales. Este plan de aplazamiento vence en junio de 2013, por lo que todavía le queda pendiente de pago 180.000 euros. Desde Autoridad Portuaria han indicado que el dinero depositado en concepto de garantía cubre el pendiente de pago de esta compañía.

La investigación judicial sobre la venta del Grupo Marsans a Possibilitum, una sociedad de Ángel de Cabo especializada en gestionar y liquidar empresas en crisis, incluye a Teinver, matriz de Trapsa Yates. Precisamente, otro caso, el Mar Blau, sobre el posible amaño de concursos de adjudicación de amarres, incluye la propuesta de acuerdo planteada por Joan Verger, anterior presidente de APB, a Luis Barca, como presidente del Club Marítimo de que Teinver renunciaría a la concesión de los amarres del Moll de Llevant si el Club le cedía tres amarres y 13.526 euros. De esa oferta existe una grabación y un documento entre Teinver y el Club. Esta situación motivó una demanda penal presentada por un socio del 'Marítimo', Ramón Orfila Sintes, que no se ha retirado y a la que se ha adherido otro socio de la entidad.

Otro proceso en marcha es el contencioso administrativo que inició hace unos seis años el Club Marítimo de Mahón en contra de la concesión de los amarres del Moll de Llevant por parte de Autoridad Portuaria. La Sala primera de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Palma podría dictar sentencia en el mes de abril, según algunas fuentes consultadas. El Club cuenta con el equipo del bufete de abogados Roca Junyent. Si la sentencia es favorable al Club Marítimo no significa que recupere los amarres que gestionó hasta octubre de 2008, sino que se retiraría la concesión a Trapsa Yates y sería necesario convocar un nuevo concurso.

La directiva presidida por Nemesio Suárez se planteó la posibilidad de retirar el contencioso si ello permitía abrir una nueva vía de colaboración con Autoridad Portuaria. Finalmente la acción judicial se ha mantenido y ahora se está a la espera de la sentencia.

Desde la presentación del contencioso, que incluye cuestiones técnicas sobre el cumplimiento de las condiciones del pliego del concurso, se han producido cambios muy importantes y se han conocido echos que han motivado la investigación judicial. Uno de los nuevos datos es el intento de venta de amarres, por un importe de 600.000 euros, por parte de Trapsa Yates a Autotrade de Madrid, una sociedad que gestiona José Antonio Rueda, socio del Club. Este tipo de venta por periodos superiores a cuatro años está expresamente prohibida en las cláusulas de la concesión, que especifican que será motivo de extinción de la adjudicación.

Chalé de Díaz Ferrán en Cala Morell

Gerardo Díaz Ferrán, que permanece en la cárcel acusado de ocultar sus bienes para no responder de sus deudas, ha disfrutado de un chalé en Cala Morell, que está a nombre de una sociedad, que podría formar parte del entramado de empresas que lideró y que traspasó a Ángel de Cabo, propietario de Possibilitum.

La finca tiene 1.120 metros y se encuentra en primera línea de mar, en la parte más interior de Cala Morell. Al parecer, Díaz Ferrán y su familia llevan dos veranos sin acudir a este chalé.

De todas formas, la sociedad lleva al día el pago de las cuotas a la asociación de vecinos.

Por otra parte, el yate "Leuqar" de su propiedad, que estuvo amarrado en el Moll de Llevant de Maó durante meses, zarpó poco antes del último verano y se encuentra en el puerto de Barcelona, inmovilizado por un embargo judicial.