José Mª Pons Muñoz07/12/12 0:00
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Está muy arraigado entre la ciudadanía, el convencimiento de que si eres imputado, incluso juzgado, porque la justicia te haya tomado interés por haber actuado en el terreno de lo que en nuestro Código Penal se contempla como punible, pero tienes "el riñón bien cubierto", léase forrado de billetes de quinientos euros, no tienes de que preocuparte, porque finalmente si el asunto viene de mal venir, lo que decirse en la cárcel, o ni siquiera se entra, o si se entra, se está en ella lo que dura un telediario.

El sonado caso de Gao Ping y varios miembros de su cúpula organizativa, de una digamos presunta mafia china, que según se dijo y se publicó, llenaban contenedores de euros, acaban de ser puestos en libertad por orden de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional, al cumplirse el máximo de horas que podían estar detenidos.

El "Caso Emperador", como se conoce policialmente, ha supuesto años de investigaciones policiales, ahora desbaratadas. Incluso el propio juez, Fernando Andreu, ha quedado expuesto a una más que segura querella por parte de algunos de los detenidos ahora en libertad (salvadas sean todas las distancias, al juez Garzón le pasó algo parecido).
Todo este asunto deja una vez más a la justicia en entredicho para la opinión de la calle, que hace mucho tiempo que piensa que sí, que la justicia es igual para todos, pero solo para todos los pobres. Y que luego resulta muy distinta y hasta distante para ricos, para "chorizos" con poder y para políticos con estatus de ordeno y mando. Para esta gente la justicia es otra cosa.

Casos como el de Gao Ping, son demoledores a la hora de hacer creer que la justicia es igual para todos. La interpretación de la ley por parte del juez instructor, ha propiciado esta grave consecuencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, no es de una compresión unánime en los Juzgados. Los hay que entienden que los agentes policiales tienen un plazo de 72 horas para realizar el atestado. Es decir, las diligencias e interrogar al detenido antes de ponerle ante el juez, y que éste dispone a su vez, de otras 72 horas para tomar declaración. O sea, seis días en total. El juez instructor siguió estas pautas. En resumidas cuentas, lo que parece que pasó fue que se trataba de una detención judicial y no policial, por lo que los plazos serían completamente diferentes. Éste sería el razonamiento jurídico de la Sección Tercera para devolver a la calle a los detenidos, incluido a Gao Ping, pues al parecer, las horas que pertenecían al juez no podían agregarse a las horas policiales, al ser, ya digo, una detención judicial, sin que figurase la detención policial.

Al ciudadano de a pie, a los paisanos corrientes y molientes, como es natural no les llega documentación aclaratoria, por lo que probablemente ni se enteren de que un juez puede equivocarse. En puridad lo que les afecta es enterarse que otro presunto delincuente multimillonario, a las 72 horas está de nuevo en la calle, sin caer en la cuenta de las razones que han llevado al tal Gao Ping otra vez a pasearse por los anchos horizontes de la libertad. Lo que afecta al ciudadano es ver que, una vez más, los hechos parecen darles la razón.