Oficina de Maó. La fundación comunicó esta semana el traslado de la sede de la plaza Biosfera al Centre de Trepucó - Javier

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Se abre un nuevo frente en la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca. Hartos de la falta de comunicación e información, de la "fuerte presión" y de la desorganización que, aseguran, caracteriza a la entidad en el último año, los miembros del comité de empresa han decidido presentar la carta de renuncia para que se puedan convocar nuevas elecciones a finales de enero o principios de febrero del año que viene y facilitar, de este modo, que gente que cuente con "un mayor reconocimiento por parte del resto de compañeros de la entidad y de un mayor respeto por parte de los representantes de ésta" pueda constituir el nuevo órgano de representación sindical.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso este diario, remitido por el comité de empresa a todos los trabajadores y patronos de la fundación a finales del mes de noviembre. Al parecer el descontento tiene su raíz en la práctica inexistencia de "un canal recíproco y eficiente de comunicación", tanto con parte de los trabajadores como con la directiva, si bien lo focalizan más concretamente en la negativa de los cargos directivos y políticos "a trabajar de forma conjunta con el comité".

"No ha sido posible mantener una comunicación directa y eficiente con el director técnico, el gerente, los presidentes de las entidades o los patronos", se lamentan, a la vez que inciden en el hecho de que tampoco han conseguido, pese a solicitarlo, reunir-se con el presidente del Consell, que a su vez es presidente de la Fundació, Santiago Tadeo, ni con otros patronos.

Para los representantes sindicales el hecho más grave es, sin embargo, que se haya perpetuado en el seno de la fundación una manera de hacer las cosas poco elegante y que, en ocasiones, raya la ilegalidad. "No ha habido interés en facilitar cierta información sobre el estado de la entidad. Por eso, a día de hoy, no disponemos todavía de toda la información o documentación sobre la entidad que se regula por normativa", lo que obliga al comité de empresa "a hacer registros de entrada periódicamente en el área de administración para recordar este hecho".

De probarse este extremo, los órganos de administración y dirección de la fundación estarían bloqueando la función de este órgano sindical que no es otra que representar y defender los intereses comunes del personal. Según el Estatuto de los Trabajadores, la fundación estaría obligada a informar, al menos trimestralmente, al comité sobre el balance de cuentas, su programa y evolución probable algo que "no se ha hecho nunca". Tanto es así que, según recoge la carta remitida a trabajadores y patronos, los representantes sindicales han "obtenido la información de ciertas acciones y medidas una vez ya se han aplicado y las personas afectadas lo han comunicado".

Éste sería el caso de la contratación de una empresa externa para la realización de una auditoría, acuerdo para el cual, tal y como se desprende del citado escrito, no se contó tampoco con la aprobación del Patronato o la contratación de nuevo personal. Según ha podido saber este diario, con posterioridad al inicio en septiembre de un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada, que afecta a una decena de trabajadores de la fundación, se han realizado contrataciones de nuevo personal sin informar debidamente al comité de empresa. Y todo ello teniendo en cuenta lo difícil que resulta encajar un ERE con la formalización de nuevos contratos.

Como anotación a tener en cuenta, cabe señalar que en un primer momento el comité pudo demostrar que este ERE, que se preparaba desde el pasado mes de febrero, no era justificable por motivos económicos, razón por la cual la dirección acabó alegando "causas económicas, técnicas y organizativas". En su momento, a fin de evitar el ERE, los representantes sindicales plantearon alternativas para recortar el capítulo de gastos como, por ejemplo, el cierre de algunos locales y oficinas de alquiler. De hecho, recientemente se produjo el traslado de la sede de la fundación en Maó desde la plaza de la Biosfera, donde ocupaba unos bajos comerciales, al Centre de Trepucó. Y ello a pesar de la negativa dada en su día a esta propuesta por parte de los responsables políticos a los miembros del comité.