La depuradora de Ferreries es una de las obras prioritarias para el Govern, "no solo en Menorca, sino en el conjunto de Balears" para el próximo año 2013. Así lo aseguró ayer en los pasillos del Parlament de les Illes Balears el conseller de Medi Ambient, Agricultura y Territori, Gabriel Company, después de la defensa de los Presupuestos de su departamento en el pleno.
Company explicó que para el próximo año "hay presupuesto suficiente" y que la depuradora de Ferreries es una de las obras que se prevé llevar a cabo. Poco antes, el diputado socialista por Menorca Damià Borràs había recriminado al conseller que los Presupuestos no detallaran qué obras se iban a realizar, "cuando si lo hicieran tranquilizarían a los ciudadanos y a los alcaldes".
El PP se encargó de repetir que aunque no se especifiquen las obras, la depuradora de Ferreries es una prioridad. Lo dijo el conseller en declaraciones al "Menorca" y ante el pleno desde el Grupo Popular se aseguró que "habrá depuradora en Ferreries y el alcalde lo sabe".
El conseller Company avanzó también que en los próximos días se darán a conocer detalles de la nueva Ley del Suelo para la que -afirmó- va a buscar el consenso y el diálogo que requiere una norma de tal importancia. Company negó que vayan a reducirse las hectáreas para poder construir en rústico y dijo al representante de PSM-IV-Entesa-Més per Menorca, Antoni Alorda, que en materia de usos de suelo rústico están "en sintonía".
No hubo acuerdos ni acercamiento de posturas sobre los despidos en el IBANAT y Espais de Natura. Alorda advirtió que se pone en riesgo el mantenimiento de los espacios naturales de las Islas, alertando de las consecuencias que los recortes presupuestarios en esta materia pueden tener. "¿Podrá seguir siendo la Serra de Tramontana patrimonio de la humanidad o Menorca reserva de la biosfera?", preguntó Alorda. El conseller no dio marcha atrás con los despidos, y negó que se hubiera despedido a personas relacionadas con la prevención de incendios.
Intereses bancarios
Aunque éste ha sido un debate de los Presupuestos con apenas acuerdos, pues se han rechazado casi todas las enmiendas de la oposición, lo cierto es que ayer se alcanzó un acuerdo en materia social y que permitirá incrementar el presupuesto destinado a la renta mínima de inserción social y al programa de prestaciones básicas. El acuerdo ha sido posible al aceptarse, con algunas modificaciones, tres enmiendas de PSM-IV-Entesa-Més per Menorca que reclamaban un incremento de la partida presupuestaria destinada a cubrir necesidades sociales urgentes de la población, en un momento de especial dificultad para muchas personas por la crisis. El Grupo Socialista y los diputados no adscritos dieron también su respaldo al acuerdo.
Así, la portavoz del grupo parlamentario Mabel Cabrer, y la diputada de PSM-IV Entesa Més per Menorca Josefina Santiago, anunciaron que el presupuesto inicial de casi 6 millones de euros (5,8) se incrementará en 12 millones aproximadamente, pasando así a disponerse de 18,3 millones para cubrir estas necesidades de emergencia social.
Se incrementa de 2,9 a 10,9 millones de euros el plan de prestaciones básicas y teleasistencia, y de 2,9 a 7,4 millones la renta mínima de inserción, con lo que la cifra total es de 18,3 millones y el incremento del 215 por ciento.
Ese aumento ha sido posible porque la adhesión de Balears al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el pasado mes de octubre, ha permitido una reducción en los intereses bancarios que va a pagar el Govern balear, pudiéndose ahora rebajar la previsión de pago de intereses que se había hecho en septiembre al redactar el proyecto de Presupuestos.
La dotación destinada a la renta mínima de inserción y al programa de prestaciones básicas prevista en los presupuestos del Ejecutivo se transfiere después a los consells insulars y ayuntamientos, que son las instituciones que los gestionan.
La diputada y ex consellera de Benestar Social, Fina Santiago, celebró que el Ejecutivo haya aceptado reducir el pago de intereses a los bancos para destinar el dinero a quienes más lo necesitan, compensar los recortes en ayudas sociales del Gobierno central y volver "a niveles de 2010".
La portavoz popular, Mabel Cabrer, resaltó que es "un aumento histórico" que corrige la reducción del 65 por ciento de la aportación estatal en un momento de crisis en el que las personas más desfavorecidas "necesitan una especial atención".
"La Comunidad Autónoma, cuando puede, destina sus recursos a las familias que más lo necesitan", subrayó la diputada del PP.
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