El presidente del Consell, Santiago Tadeo, ya ha remitido al Consell Consultiu de les Illes Balears todo el informe que analiza las hipotéticas irregularidades e incompatibilidades del conseller de Agricultura y Pesca, Fernando Villalonga. Lo ha hecho después de que el propio informe redactado por la secretaria de la institución insular recomendara este trámite ante las dudas sobre la interpretación de la normativa vigente y la trascendencia de la decisión a adoptar.
Concretamente, el informe solicitaba el dictamen del Consell Consultiu ante el hecho de que el conseller sea propietario de embarcaciones de pesca en activo, es decir, una propiedad directamente relacionada con el área que el conseller dirige. Tras un análisis de la normativa vigente, la secretaria concluía en su informe que "teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede comportar una interpretación más amplia o más estricta de la normativa, que puede afectar a un derecho fundamental como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de funciones y cargos públicos, y ante el hecho de que no se ha encontrado en principio más jurisprudencia sobre el tema que la analizada en el informe, y con el fin de conseguir una mayor seguridad jurídica, se recomienda solicitar la opinión del Consell Consultiu".
Este organismo autonómico también deberá pronunciarse sobre otras cuestiones que específicamente se citan en el informe de la secretaria del Consell, como las medidas a adoptar en caso de que existiera incompatibilidad.
Santiago Tadeo también ha querido que sea el Consell Consultiu quien determine cómo interpretar otro punto del informe, el que analiza si Villalonga debió abstenerse en los expedientes sancionadores abiertos a su esposa y a su socio en un restaurante. Sobre este punto, existían varias interpretaciones. Una, la que enfatiza el punto en el que la secretaría habla de que "existen indicios de posible incumplimiento de la normativa" y que "debería incoarse el correspondiente expediente sancionador". La segunda interpretación añade a estos dos preceptos un tercero, también apuntado en el informe, en el que se apunta que "el conseller tramitó la correspondiente solicitud de abstención que fue aceptada por la presidencia del Consell y que, por tanto, su intervención se limitó a dictar la resolución del inicio del expediente". Ante las dudas sobre estas dos interpretaciones, Tadeo traslada también la cuestión al Consell Consultiu antes de adoptar cualquier decisión.
Cabe recordar que el PSM ha anunciado la presentación de una moción en la que solicitan la apertura del expediente sancionador en cuestión.
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