Debate. Pons mostró su preocupación por la sentencia y Marqués pidió al PP "convicción y seguridad" - Gemma Andreu

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El Presupuesto del Consell y sus organismos autónomos para 2013 quedó ayer aprobado de forma definitiva aunque la amenaza de la indemnización millonaria que reclama la promotora Cesgarden S.L. se mantiene, y podría distorsionar las cuentas insulares y "afectar gravemente a servicios básicos" de la institución, tal y como afirmó la consellera de Servicios Generales, Pilar Pons, durante el debate plenario.

En la sesión ordinaria la mayoría del PP aprobó una previsión de ingresos y gastos para este año de 82,3 millones de euros y desestimó, en este punto concreto con el apoyo de la oposición, la reclamación presentada por la mercantil Cesgarden, encaminada a que el Presupuesto reflejara los créditos necesarios para afrontar el pago de su indemnización, fijada en 16,1 millones de euros más los intereses generados desde el 25 de abril de 2003.

Esa es la fecha de aprobación definitiva del Plan Territorial Insular (PTI), normativa que frustró el proyecto de Cesgarden de construcción de un hotel de cinco estrellas en Son Bou. El Consell fue condenado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), de mayo de 2011, al pago de los 16 millones de euros que no están reflejados en los presupuestos y que la promotora reclama.

El pleno del Consell rechazó la reclamación de Cesgarden a la espera de agotar su último cartucho: el incidente de ejecución acordado en mayo de 2012 y presentado ante el TSJIB con la esperanza de que el pago de la indemnización no llegue a producirse. El gobierno insular alegó la repercusión que tendría el pago de dicha cantidad, ya que podría comprometer la prestaciones públicas a cargo del Consell.

A la espera de que dicho incidente de ejecución se resuelva, la Corporación cuenta ya con el Presupuesto de 2013 aprobado, aunque la consellera Pilar Pons expresó su "preocupación" por una sentencia que calificó de "histórica" y que "puede marcar la gestión del Consell en el futuro", ya que la cantidad que pide la promotora más los intereses suma más del doble del gasto corriente de todo el ejercicio de 2012 de la institución insular.

La consellera se preguntó durante el debate si "se tuvo en cuenta este riesgo al aprobar el Plan Territorial Insular" y recordó que, si finalmente se ejecuta la sentencia, "tendrá consecuencias para todos los menorquines".

Al respecto el portavoz del Grupo Socialista, Joan Marqués, aseguró que "la postura del Consell es la correcta" y pidió al equipo de gobierno "seguridad y firmeza ante los recursos que aún tenemos vivos y que pueden hacer cambiar la situación". "El debate sobre el modelo territorial será otro por sí mismo", añadió el conseller socialista, quien anunció el apoyo de su grupo para desestimar la reclamación de Cesgarden pero insistió en que "el PP debe cambiar su grado de convicción y no tener dudas".

Pilar Pons garantizó que el Consell defenderá sus intereses en los tribunales, pero "eso no evita que estemos preocupados" porque, recordó, "la sentencia es firme y solo queda por resolver el incidente de ejecución". En este sentido la consellera del PP respondió al portavoz del PSOE que "no se puede obviar" que el litigio con Cesgarden y la sentencia posterior tienen su origen en la aprobación del PTI.

El quebranto para la Hacienda insular que supondría el pago de la indemnización es tal que el gobierno del Consell mostró el pasado mayo su disposición a modificar si es necesario el Área de Reconversión Territorial San Jaime-Son Bou, que contempla el PTI, y a firmar un acuerdo urbanístico con Cesgarden con el fin de evitar el pago de la indemnización.

Y es que el dinero que reclama la empresa, sumados los intereses generados desde 2003, supera el gasto de personal del Consell del pasado ejercicio y es más del 50 por ciento del presupuesto de gastos de la institución para este año, según señaló Pons.

La resolución final de este pleito que se arrastra desde hace casi una década, condiciona el Presupuesto insular y su ejecución, en espera de que el tribunal determine la forma en la que se ejecutará la sentencia.