Menorca ha aportado su granito de arena a la causa que desde hace más de año y medio defiende la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH): ha sumado 2.636 firmas a las miles presentadas ayer ante el Congreso de los Diputados y que completan las cerca de 750.000 que se han recopilado hasta fecha de hoy para cambiar la Ley Hipotecaria y poner freno a los desahucios a través de la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Se estima, no obstante, que la cifra final pueda llegar a superar el millón ya que todavía quedan por añadir las recopiladas por los sindicatos UGT y CCOO y por algunas entidades procedentes del tercer sector de Cataluña.
La ILP que avalan las miles de firmas recogidas por todo el país recoge "tres puntos mínimos e irrenunciables": la dación en pago reatroactiva, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de viviendas de alquiler social.
Tres reivindicaciones que superan con creces el código de buenas prácticas y las medidas contra los desahucios propuestos por el Gobierno central que, según la PAH, "se han demostrado insuficientes para parar este drama social que cada día deja en la calle a cientos de familias". A falta de conocer los datos relativos a Menorca, el año pasado se ejecutaron 100.000 desahucios en España, lo que arroja una media escalofriante de 517 diarios. De éstos, 4.000 se produjeron en Balears.
Los miembros de la PAH, que lamentan la rigidez aplicada a la hora de validar las firmas, se mueven entre la esperanza de conseguir que la Cámara Baja, alentada no solo por la opinión pública sino también por los toques de atención de la Unión Europea y el estamento judicial, acceda a modificar una normativa centenaria y obsoleta y la resignación de ver cómo tanto esfuerzo pueda quedar en nada.
De momento, han conseguido reunir rúbricas suficientes para presentar una ILP -son necesarias 500.000. De superar este proceso, que puede prolongarse durante un año, se convertiría en la primera causa ciudadana presentada mediante este procedimiento en recibir el apoyo parlamentario. Según avanzaron ayer los miembros de la PAH de Menorca, ninguna de las más de 600 iniciativas presentadas para ser debatidas en el Congreso de los Diputados ha llegado a ver la luz.
A los promotores de la ILP y, evidentemente, a todas las personas afectadas por la norma hipotecaria, les urge la tramitación parlamentaria. "No podemos esperar más tiempo, este tema requiere una solución urgente", señalaron los representantes de la plataforma en Menorca.
Con esta finalidad, la PAH pondrá en marcha una "campaña de presión" para obligar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a mover ficha. En este sentido, los miembros de la PAH en Menorca reclaman a los diputados menorquines Joan Carles Grau, del Partido Popular, y Guillem García Gasulla, del PSOE, que se pronuncien sobre el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular para saber, de este modo, el grado de implicación política en uno de los temas más lacerantes desde el punto de vista social.
A parte de este sondeo y del envío de misivas, el próximo 16 de febrero se sucederán en todo el país movilizaciones ciudadanas para reclamar el fin de los desahucios y la modificación de la Ley Hipotecaria, con el objetivo último de escenificar el apoyo popular a la ILP y facilitar, de este modo, una tramitación parlamentaria favorable.
Caritas desarrolla un proyecto de alojamiento social
Caritas Diocesana de Menorca pondrá en marcha durante este año un proyecto de alojamientos sociales que tiene como objetivo principal aportar alternativas al problema de la vivienda, un problema que como reconoce la propia entidad social "ha dejado de ser puntual para convertirse en estructural y de vulneración de los derechos más fundamentales de las personas y familias que padecen situaciones de pobreza".
Al respecto, Caritas advierte que las cifras de personas y familias que se encuentran en situaciones límite "empiezan a ser significativas", por lo que acoger a aquellos que han perdido su casa y ofrecerles de este modo "un horizonte mínimo de esperanza" se ha convertido a día de hoy en una urgencia.
El proyecto de alquileres sociales, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante la asignación tributaria del IRPF del 2012, pretende, con un coste simbólico y reducido, "facilitar a las personas y familias afectadas el acceso a otros bienes básicos necesarios y, a la vez, reducir la población en riesgo de exclusión social".
Caritas Diocesana de Menorca pretende dar este servicio en el edificio que tiene en propiedad en la calle Fivaller de Ciutadella, hasta ahora utilizado como casa de acogida en virtud del contrato de alquiler firmado con el Ayuntamiento. Éste finalizó el pasado 31 de diciembre, si bien ambas partes acordaron prorrogarlo dos meses más a la espera de que el Consistorio disponga de un local alternativo donde prestar el servicio de acogida.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el equipo de gobierno municipal ha manifestado públicamente su decisión de trasladar este servicio a un local de propiedad municipal.
"Es por este motivo", según recoge el comunicado "que el equipo directivo de Caritas Menorca ve la posibilidad y la necesidad de dar más rentabilidad social a un equipamiento que reúne las condiciones necesarias para realizar esta iniciativa social".
Este nuevo proyecto se enmarca en la nueva planificación de Caritas Menorca para hacer frente "a las necesidades que genera la situación de empobrecimiento".
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