La Policía acusa a Marquès de ordenarles poner 45 multas en un día por venganza

La gran mayoría de las sanciones, de 80 euros (susceptibles de ser reducidos hasta 40 euros si se pagan dentro del plazo establecido), se impusieron en la zona de la Plaça des Born y Costa Marina. Es precisamente en este punto en el que el pasado miércoles por la tarde un agente de la Policía denunció el vehículo de la concejala, por estar mal estacionado. Los delegados sindicales ven en este hecho la explicación a las llamadas reiteradas de Marquès a la Prefectura de la Policía Local durante el día siguiente, el jueves, para ordenar que se sancionaran a todos los vehículos susceptibles de ser multados en la Plaça des Born y Costa Marina.

De hecho, según consta en los partes oficiales, durante la mañana, los agentes de la Policía recibieron órdenes constantes en este sentido. Incluso por la tarde, queda registrado que es la propia concejala la que llama insistentemente a la sede de la Policía solicitando la presencia de agentes para imponer sanciones. Se dio el caso, incluso, de que Marquès pidió que se multara a vehículos que ya habían sido sancionados horas antes.

"Porque un policía hizo su trabajo, la concejala se venga haciéndolo pagar al pueblo y a nosotros", resume un delegado sindical. De hecho, estos responsables denuncian que la presión por imponer multas acaba perjudicando al ciudadano, y supone modificar una actitud que se intenta practicar en la Policía, la de primero avisar y después multar. "Están forzando la máquina, y nosotros creemos que es más justo incumplir esta presión por sancionar", afirma un delegado.

De hecho, la presión existente es tal que los agentes denuncian que el jueves desde los mandos policiales (supuestamente instigados por la concejal Francisca Marquès) ordenaron que se sancionara un vehículo que estaba estacionado sobre una línea amarilla. Al acudir al lugar indicado, el agente en cuestión comprobó que solamente el parachoques del coche ocupaba una mínima parte de la franja amarilla, con lo que decidió no imponer la multa. Ante esta decisión, los mandos de la Policía ordenaron que se redactara un informe justificando la no imposición de la multa. "Los agentes tenemos suficiente criterio para saber si hay que poner o no una multa, y quieren que nos dediquemos a hacer informes justificando nuestra decisión solo por el hecho de que hemos optado por no ceder a la presión y no multar a quien no lo merece", explica uno de los delegados sindicales.

Según los agentes, la actitud de la concejala "es una cacicada y uso vengativo y personal de un cuerpo como el de la Policía Local". De hecho, los delegados relacionan este hecho con la actitud del equipo de gobierno en las negociaciones con su personal. En este sentido, critican que "han perdido las formas y la sensibilidad, como se pudo ver en el pleno del pasado jueves, cuando se encerraron en una sala para no ver las pancartas y las protestas de sus trabajadores".

Los delegados sindicales intuyen que la presión para imponer sanciones no continuará en los mismos niveles que estos días. De hecho, tras realizar unos cálculos aproximados, explican que si durante todo el año se mantuviera el nivel de sanciones del pasado jueves, al cabo del año se habrían impuesto 16.500 multas, doce veces más de lo que es habitual. Y siguiendo con los cálculos, las 45 multas impuestas anteayer, teniendo en cuenta que todas ellas son por estacionamiento indebido y acarrean una sanción de 80 euros, le reportarán al Ayuntamiento unos 3.600 euros. "Están pagando los ciudadanos una pataleta de la concejala", concluyen los delegados sindicales de CSIF, CCOO y UGT.