Camp Sarc. Ubicado en Sant Lluís, fue el primer núcleo rural en ser legalizado - Paco Sturla

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En abril se cumplirán diez años desde que se aprobó el Plan Territorial Insular (PTI). Uno de los objetivos de esta normativa era sacar a la luz una situación a la que hasta entonces se había medio esquivado desde el ámbito político, la existencia de núcleos de hortales en prácticamente toda la geografía insular. El PTI abrió la puerta a la regularización de estas zonas, previo cumplimiento de una serie de obligaciones. Una década después, el balance en este sentido es escaso.

Solamente dos núcleos de hortales han sido completamente regularizados. El primero, Camp Sarc, en Sant Lluís, y el segundo, justo ayer, el de Binicalsitx, en Ferreries.

"Lo ideal hubiera sido que se hubieran legalizado más núcleos, es verdad", admite el exconseller de Ordenación del Territorio y expresidente del Consell, Marc Pons. Y como él, muchos dirigentes coinciden en esta valoración. Según el exalcalde de Sant Lluís, Llorenç Carretero, máximo responsable del Ayuntamiento cuando se regularizó el primer núcleo de Menorca, el de Camp Sarc, "la normativa urbanística es muy complicada, y se necesitan muchos informes y el consentimiento de múltiples departamentos, hecho que puede frenar a los propietarios".

Normativa complicada, o directamente burocracia excesiva. Es la opinión de los técnicos que han redactado el Plan Especial de Binicalsitx. En este caso, el inicio de la legalización se remonta incluso antes del PTI, unos veinte años atrás, cuando el alcalde de Ferreries era Biel Martí. "A nivel técnico es una labor relativamente sencilla, sin muchas complicaciones. El problema llega en los despachos", asegura el arquitecto Joaquim Mayans.

La expresidenta del Consell, Joana Barceló, entiende que además de la compleja tramitación, hay otros factores que pueden haber ralentizado el proceso de legalización. Así, apunta que "la tramitación incluye aplicar la disciplina urbanística a quien se haya excedido en los metros permitidos de vivienda, y tener que restituir la superficie construida de más". En este sentido, Barceló admite que "los que cumplen la normativa notarán pocos cambios con la legalización, pero los que tienen un exceso de construcción tendrán problemas".

LA FÓRMULA CORRECTA
Barceló, no obstante, defiende la fórmula propuesta por el PTI, asegurando que "permite mantener la calificación de rústico y a la vez legalizar una vivienda sin costes adicionales de futuro". También Pons considera positiva la solución introducida en el PTI, recordando que "aporta seguridad jurídica a los propietarios, el reconocimiento de un derecho por parte de la Administración que ya nadie podrá quitarles, y esto es mucho más importante de lo que se puede pensar. Los que tienen su hortal en situación irregular siempre estarán en el aire, pendientes de un hilo.

Pons recuerda que la regularización o no del núcleo de hortales "es una decisión voluntaria, que debe tomar el 60 por ciento de los propietarios de una misma zona". Precisamente el hecho de ser una opción voluntaria es una de las cuestiones que, según algunas fuentes consultadas, también podría haber provocado la escasa regularización de hortales. ¿Por qué tengo que legalizar yo mi núcleo, pagar a técnicos e inversiones, si nadie me obliga a ello?. Esta es una pregunta que se ha planteado más de una vez en la Isla durante estos años.
¿obligatorio o no?

De hecho, el exalcalde de Sant Lluís, Llorenç Carretero, asevera que "cuando se establecen unas normas, a la vez debería imponerse la obligatoriedad de cumplirlas, más aún cuando se regula algo ilegal". En este sentido, Carretero entiende que haber dejado la regularización como una opción y no como una obligación "perjudica a quien ha cumplido la normativa durante todos estos años, esperando para construir a que todo esté legalizado. Él está sin vivienda, y los que la construyeron cuando no podían sí la tienen, y ahora no quieren regularizar el núcleo para no asumir los costes del proceso y de las infraestructuras que les exigirán", apunta.

Sobre la introducción o no de esta obligatoriedad, Marc Pons considera que no sería la solución. "No habría resuelto las cosas. Ya sabemos que en los planeamientos urbanísticos, los plazos casi siempre se incumplen. Solo hace falta darse cuenta que algunos ayuntamientos aún no han adaptado algunas zonas de sus municipios al PTI".

De cara al futuro, el expresidente tiene claro que la regularización de los núcleos de hortales es uno de los temas que deben abordarse en la revisión del PTI.

También lo tiene claro el actual conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, quien adelanta que no va a esperar al nuevo PTI para encarar este tema, sino que la Norma Territorial Transitoria ya lo abordará. "Tenemos claro que desatascar este tema es uno de los objetivos que debemos intentar conseguir, y la Norma debe ser un instrumento que favorezca el cumplimiento de esta meta", asegura.