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El Ayuntamiento de Es Mercadal quiere acelerar los trámites urbanísticos actualmente en marcha en el municipio para reactivar la economía local en particular y la menorquina en general.

Algunos proyectos llevan años bloqueados, inmersos en la burocracia administrativa y el gobierno local quiere evitar que la ciudadanía vea al Ayuntamiento como un lastre, un cajón de sastre donde se acumulan las iniciativas y se paraliza cualquier posibilidad de llevar adelante desarrollos urbanísticos perfectamente reglados y aprobados.

"Es una obligación de la Administración agilizar los trámites, aunque a veces no todo depende del Ayuntamiento sino también de otras administraciones". Así justifica las demoras el alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, quien quiere aprovechar la norma transitoria previa a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) para introducir los cambios necesarios a fin de desbloquear algunos proyectos municipales y desarrollar otros acuerdos ya alcanzados con promotores y propietarios y evitar así el pago de posibles indemnizaciones.

Ametller insiste en que el Ayuntamiento no tiene necesidad de crecer por crecer, sino que está obligado a dar respuesta a los proyectos ya en trámite. En este sentido incide en la labor realizada por el anterior alcalde, Ramón Orfila, para "controlar el crecimiento desmesurado" aprobado en los años ochenta en el municipio.

"En Son Parc rebajamos las plazas a construir de 8.000 a 2.800 gracias al PTI y lo mismo en Punta Grossa y Playas de Fornells", remarca. Ametller resalta el talante negociador de Orfila, virtud que a su juicio ha evitado en los últimos diez años al Ayuntamiento de Es Mercadal costosos contenciosos administrativos con promotores y propietarios que reclamaban indemnizaciones patrimoniales millonarias por derechos urbanísticos adquiridos con anterioridad.

Reconoce no obstante que actualmente quedan algunos casos aún pendientes, en fase de negociación, como el desarrollo previsto en Playas de Fornells y el del sector Casor en Arenal d'en Castell. En ambos casos el Ayuntamiento podría aprovechar la norma transitoria para desbloquear los proyectos y dar amparo a los acuerdos alcanzados con los propietarios.